Money, money, money cantaban en un lejano 1976 los míticos componentes de Abba, pero no en papel sino electrónico. Bjorn Ulvaeus, uno de sus componentes, sufrió el robo en el domicilio de su hijo en 2006 y encabezó un movimiento para abolir en Suecia el dinero en efectivo. Solo de este modo desaparecería el mercado negro que permite la venta de objetos robados. Poniendo en práctica sus propias convicciones, en el Museo Abba abierto en Estocolmo no se acepta el efectivo. Téngalo en cuenta si piensa viajar a la capital nórdica.
En estos días en España estamos asistiendo al debate acerca de la implantación de la renta mínima. ¿Por qué está conectada la renta mínima y la prohibición del dinero en efectivo que preconiza Ulvaeus? Para evitar el fraude. La renta mínima debería permitir a las personas en situaciones de pobreza superar dichos umbrales mediante su percepción. Se trata de un elemento de redistribución de riqueza que ha de estar bien gestionado y dirigirse realmente a las personas que lo necesiten.
Sin embargo, si el incentivo acaba siendo percibido, no por los más necesitados, sino por los que aprovechan los resquicios del sistema para mantener fuentes de ingresos ocultas, estaremos creando un nuevo sistema de desigualación, socialmente muy pernicioso. La economía informal destruye empleo, no financia la sanidad ni las pensiones, y socaba los pilares de nuestro Estado social de Derecho al crear desigualdad.
Uno de los remedios más acertados para luchar contra la economía sumergida es la limitación de los pagos en efectivo. España es uno de los países más bancarizados del mundo. En ocasiones se ha señalado que para las personas mayores esto puede ser una gran limitación en sus actuaciones; sin embargo, los mayores nos están enseñando estos días que tienen una capacidad de adaptación asombrosa. Ya hay análisis de las consultoras de mercado en las que se advierte un repunte de esta franja de edad en las compras on line.
Si no queremos que la renta mínima se convierta en un nicho de fraude no basta con limitar la utilización del dinero en efectivo, hace falta también que se gestione por la organización del Estado más eficaz en la lucha contra el fraude: la Agencia Tributaria. No hay una organización pública equiparable para gestionar de forma adecuada una prestación que va a tener como destinatarios a personas que se encuentran en las fronteras de la subsistencia, evitando que se cuelen los que hacen del engaño un modus vivendi.
Y, finalmente, si queremos que la renta mínima actúe con eficiencia debería integrarse dentro de nuestro sistema tributario, mediante la implantación de un impuesto negativo, esto es, que asegure una renta mínima a todos teniendo en consideración el resto de percepciones, públicas y privadas, percibidas por los ciudadanos durante el año fiscal. La integración en el sistema tributario tiene como ventaja su utilización como instrumento de política económica, al poderse modular en función de las circunstancias económicas y sociales que se produzcan, y puede permitir la ágil adopción de medidas que eviten la trampa de pobreza que el establecimiento de una renta mínima puede acarrear: que suponga un incentivo a no aceptar trabajos remunerados por el riesgo de superar umbrales que impidan su percepción.
Si alguien tiene dudas de la agilidad de la Agencia Tributaria en la introducción de fórmulas de gestión novedosas, no tiene más que observar la implantación de la posibilidad de hacer la declaración por internet desde 1999, el envío masivo de borradores de declaración, la implantación del pago anticipado de la deducción por maternidad (el primer antecedente de un impuesto negativo sobre la renta) desde 2003, y la implementación del pago a proveedores de la Administración en 2012.
Lo lógico es andar sobre los caminos que han dado resultado, y no hacer ejercicios de improvisación en tiempos en los que la optimización del gasto público se ha convertido en una prioridad. Bien está el establecer mecanismos de solidaridad, pero su implantación debe ser consecuente con el principio de equidad en el reparto de las cargas públicas. El dinero en efectivo es el reducto de los negocios insolidarios y expulsa a las empresas cumplidoras, impide el adecuado control por parte de la Administración Tributaria y que los destinatarios de las prestaciones públicas sean los que verdaderamente las necesitan para su subsistencia.
Es interesante ver cómo al Money, Money, Money le va a seguir no un alegre tintineo sino el leve pitido del móvil cuando se paga en un comercio. Nos acostumbraremos rápido, si no lo hemos hecho ya.
Manuel de Vicente-Tutor
Socio director de Equipo Económico (Ee)
Fuente: Expansión
