Comenzábamos este año 2020 con unas previsiones de crecimiento del PIB español en torno al 1,5%, por tanto con una desaceleración progresiva y aproximándose hacia su crecimiento potencial. Junto a aspectos positivos, como la cuenta corriente superavitaria, todavía sobresalían entre los desequilibrios que acumulaba la economía española el desajuste existente en las cuentas públicas y el elevado endeudamiento público.
Apenas unas semanas más tarde, la crisis sanitaria derivada del covid-19 y las medidas restrictivas adoptadas para hacerle frente se han transmitido por muy diversos canales al conjunto de la economía a una velocidad inusitada. En este contexto, el FMI y el Banco de España en su escenario moderado plantean para 2020 descensos del PIB del 8% y del 9,5%, respectivamente. En Equipo Económico (Ee) nuestras estimaciones apuntan incluso a caídas del PIB del 10% en este año. El impacto de las medidas restrictivas está siendo especialmente relevante en los servicios turísticos; este año quedarán muy lejos los 84 millones de turistas que visitaron España en 2019 y que suponen una base de estabilidad económica para nuestro país fundamental.
A diferencia de crisis anteriores, esta pandemia está afectando al mundo, incluido el conjunto de Europa, de modo muy simultáneo. Y, por tanto, la respuesta desde el seno de la Unión Europea y la eurozona ha de ser rotunda. En el ámbito financiero el Banco Central Europeo, esta vez sí, está reaccionando desde un principio con “todo lo necesario”, y cuenta con el respaldo de un sistema financiero más saneado para trasladar esta liquidez a la economía real.
De igual forma, está resultando también imprescindible la actuación extraordinaria desde el ámbito fiscal nacional. No obstante, y como demuestran los cálculos recientes del FMI, no han gastado más en los paquetes de ayudas económicas directas los miembros de la UE que están sufriendo en mayor medida el impacto de la crisis, como España, sino los que tenían unas cuentas públicas más saneadas, como es el caso de Alemania.
Y es que nuestra menor capacidad de reacción frente a la crisis actual está estrechamente ligada al desequilibrio de las cuentas públicas españolas. Frente a la cifra inicial de déficit público para 2019 acordada con la UE del 1,3% del PIB, posteriormente revisada al 2%, el conjunto de las Administraciones Públicas españolas cerraron el año pasado con un desajuste del 2,8%. El claro incumplimiento de los compromisos fiscales asumidos por parte de España, tras seis años de crecimiento económico, contrasta con el hecho de que dieciséis países de la UE registraron superávit en 2019, incluidos también Portugal (0,2%) y Grecia (1,5%).
La situación política, tras la repetición de elecciones y con un gobierno de coalición, no puede ser bajo ningún concepto excusa para no respetar el marco institucional presupuestario; al no haber aprobado los necesarios Presupuestos Generales del Estado e incumpliendo la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y los acuerdos en el seno de la UE, quedándose así sin el margen necesario para adoptar las profundas medidas que requiere el apoyo a la reactivación económica.
Es evidente que frente al grave problema que supone la abrupta paralización de la actividad económica las políticas económicas han de ser contundentes. Sin embargo, es igualmente necesario que estas políticas estén diseñadas no solo pensando en el corto plazo, sino también en el proceso de salida de la crisis. Así, resulta fundamental que las medidas que se adopten estas semanas tengan por regla general un carácter temporal, circunscritas a 2020, y que sean reversibles.
A mi juicio, el instrumento más eficaz, inmediato y de alcance general para impulsar la actividad y sostener rentas a corto plazo, es una reducción drástica de impuestos muy dirigida a los sectores y los colectivos afectados, unido al pago de rentas o impuestos negativos en aquellos casos que sea necesario, así como también el anticipo de las devoluciones tributarias pendientes. Y en todas ellas es la Agencia Tributaria quien tiene los medios apropiados para actuar con gran rapidez. También el pago por las Administraciones Públicas de las facturas debidas a sus proveedores, que han vuelto a acumular retrasos, actúa como una inmediata inyección de liquidez, como ya se puso de manifiesto en la gran crisis financiera pasada.
Por otro lado, si bien el Estado tiene capacidad legal para centralizar determinadas competencias durante el estado de alarma, no parece estar suficientemente preparado para ejercer todas esas capacidades adquiridas, como se ha puesto de manifiesto en el caso de la centralización de las compras sanitarias. Y menos aún para considerar traspasos con carácter permanente desde la propiedad privada a la pública de determinados activos; tampoco en el ámbito financiero, ni en el sanitario. En cambio, sí ha demostrado en los últimos años que tiene capacidad para asegurar la financiación necesaria. De hecho, el Tesoro, nuevamente gracias a las líneas de liquidez del BCE, vuelve a aparecer como el prestamista de último recurso de las entidades territoriales, siempre con la consecuente condicionalidad.
Este año 2020, si la caída del PIB alcanza el citado 10%, estimamos que el déficit público podría situarse en el entorno del 15% del PIB. No obstante, y a diferencia del evidente incumplimiento en 2019 del marco institucional presupuestario, el gasto extraordinario, el mayor déficit y la deuda derivados de la irrupción del covid-19, están previstos en nuestra Constitución y en la Ley de Estabilidad.
Así, en su artículo 135.4 y artículos 11.3 y 13.3, respectivamente, recogen las situaciones de emergencia extraordinaria, y, por tanto, la respuesta también excepcional con la relajación temporal de los objetivos presupuestarios. Con las estimaciones de PIB y déficit ya mencionadas, la deuda pública podría alcanzar el 120% del PIB. Con el adecuado enfoque temporal, el compromiso con la institución presupuestaria y apoyo por parte del BCE, en un escenario posterior de paulatina recuperación de la economía, no debiera constituir un problema la financiación en los mercados del déficit público de 2020. De este mismo modo están entendiendo los inversores privados todas las provisiones que hagan las empresas en este año 2020. Pero en 2021 el escenario en Europa puede ser ya muy distinto, con países recuperándose antes y de modo más intenso, y se hará más necesaria una senda de sostenibilidad cumpliendo con las reglas previstas.
De nuevo, también el citado artículo 11.3 de la Ley de Estabilidad se refiere a que la desviación temporal que derive de situaciones extraordinarias no puede poner en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo y debe corregirse con la presentación de un plan de reequilibrio, para ser aprobado por el Parlamento español.
El sector privado está reaccionando frente a los múltiples shocks generados por la abrupta crisis revisando sus planes estratégicos, adaptando o, incluso, transformando sus modelos de negocio, para volver así a ser competitivo. Y también ha de hacerlo el sector público. De este modo debería entenderse la revisión del Programa de Estabilidad 2020-2023 que el gobierno remitirá a Bruselas en esta semana. Y el próximo y muy necesario plan de reequilibrio, que incluya la progresiva corrección del déficit, a partir de la circunstancia excepcional que originó el incumplimiento. Solo así se podrá contar con el margen fiscal necesario para hacer frente al programa de reactivación económica y a futuras necesidades y riesgos que, como hemos visto, pueden tener muy distinta naturaleza.
En un contexto de históricamente bajos tipos de interés y pese a los esfuerzos del BCE, el impacto de la pandemia en Europa está haciendo repuntar las primas de riesgo, pero de forma asimétrica y concentrada en aquellos países con mayores incrementos esperados en sus ratios de deuda/PIB.
Así lo están valorando los inversores internacionales al ampliar el coste financiero diferencial para comprar deuda pública española. En España disponemos de un marco institucional presupuestario sólido, que genera confianza en la Unión Europea, en nuestros inversores y empresas, pero que no ha sido respetado en 2019. En una próxima y siguiente fase y para seguir obteniendo la financiación internacional, de los mercados y de la UE, que nuestra economía precisará, los Presupuestos, el plan de reconstrucción y el plan de reequilibrio deben de ofrecer unas señales claras de vuelta a la sostenibilidad presupuestaria.
La recuperación económica y la sostenibilidad financiera solo pueden garantizarse si avanzan al mismo tiempo. Y el respeto del marco institucional y presupuestario vigente es una de las acciones que más pueden contribuir a la generación de confianza en las capacidades de crecimiento de nuestra economía.
En 2019 no lo hemos hecho, ahora es imperativo, la profundidad de la crisis y el alcance de la recuperación están en juego.
Ricardo Martínez Rico
Presidente ejectivo de Equipo Económico
Fuente: El Confidencial
