Manuel de Vicente-Tutor, socio-director y responsable del Área Fiscal y Regulatoria de Equipo Económico, es entrevistado por la Cadena Ser para conocer su opinión sobre la situación actual de la fiscalidad medioambiental a nivel comunitario y en el ámbito nacional, su repercusión en términos de ingresos para las arcas del Estado, planteando en último término cuáles son los retos y desafíos futuros a los que nos enfrentamos en materia de imposición medioambiental.
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En la actualidad, la fiscalidad está desempeñando un papel cada vez más relevante en las políticas ambientales de los países miembros de la OCDE y de la Unión Europea, tanto por el número de impuestos aplicables como por la cada vez mayor capacidad recaudatoria de estas figuras tributarias.
Del conjunto de países de la Unión Europea, España es el sexto país en donde los impuestos medioambientales tienen menor peso recaudatorio sobre el total de ingresos fiscales y cotizaciones sociales. En concreto, el volumen recaudatorio por impuestos ambientales en España ascendió a 20.306 millones de euros en el año 2015, lo que supuso el 5,6% sobre el total de ingresos fiscales y cotizaciones sociales, por debajo de la media europea, que se situó en el 6,3%.
Como ya señaló en las jornadas organizadas dentro del marco del CONAMA-2016 dedicadas a “La política de medio ambiente y la fiscalidad medioambiental en la Unión Europea”, Manuel de Vicente-Tutor destaca que, en el sistema fiscal español, han sido las Comunidades Autónomas las que han desarrollado con mayor profusión el establecimiento de impuestos con finalidad pretendidamente medioambiental.
En este sentido, han establecido una desigual suerte de cánones, impuestos, ecotasas y tarifas que gravan los residuos, la emisión de gases, el uso del agua, los vertidos a las aguas litorales, el transporte y la distribución de energía eléctrica, entre otros hechos imponibles, que, a pesar de su denominación, persiguen una finalidad más recaudatoria que de protección del medio ambiente.
Manuel de Vicente-Tutor remarca la conflictividad y litigiosidad que ha ocasionado el establecimiento de estos tributos propios por parte de las Comunidades Autónomas. Con el fin de reducir estos desequilibrios, hace hincapié en la necesidad de una mayor coordinación entre el Gobierno central y los gobiernos autonómicos.
En esta línea, se ha pronunciado recientemente la Comisión de expertos para la reforma del sistema de financiación autonómica que propone el establecimiento de una ley marco de fiscalidad ambiental que atribuyera las distintas figuras impositivas o los hechos imponibles relevantes a los diferentes niveles de gobierno, teniendo en cuenta el alcance espacial de los hechos gravables.
En último término, Manuel de Vicente-Tutor considera relevante desarrollar una fiscalidad ambiental adecuada para los vehículos, de forma que se obtenga una recaudación que revierta en incentivos a una movilidad limpia, en la que se apueste por el servicio de transporte público y el impulso del vehículo eléctrico.
