Tras la rueda de prensa del viernes, el Gobierno ha comenzado a enseñar la letra de su reforma fiscal y, a la espera de conocer los detalles (que es donde se esconden las sorpresas), parece que la música resulta armónica. Si nos concentramos en las novedades relativas a la tributación de las actividades empresariales, me gustaría destacar una tripleta de medidas en la buena dirección: una reducción de los tipos nominales (de dos puntos en 2015 y de tres adicionales en 2016), una apuesta por el conocimiento mediante la potenciación de la deducción por I+D+i, y el fomento de la capitalización de las empresas mediante una nueva deducción por los beneficios no distribuidos. Todas estas medidas impulsarán la mejora de la competitividad de nuestras empresas y la atracción de inversiones productivas en España, con la consiguiente reactivación de la actividad económica y de creación de empleo. Las medidas de lucha contra el fraude anunciadas deben complementarse, para evitar la costosa litigiosidad, con un aumento de la seguridad jurídica en la relaciones entre la empresa y la Administración Tributaria, especialmente en las áreas más conflictivas como son los precios de transferencia y las recalificaciones.
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