Madrid, 5 de mayo de 2022. Francisco Piedras Camacho, socio director de Equipo Económico, ha participado hoy en calidad de ponente en la sesión organizada por la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE), dedicada a analizar “Los aspectos laborales del Concurso en el marco de la próxima reforma legal”. Moderada por Jesús Mercader, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Carlos III, también ha contado con la intervención de Mario Barros García, socio de Uría Menéndez.
El socio director de Equipo Económico ha comenzado su intervención recordando la fragilidad de la empresa española (el 26% desaparece antes de cumplir un año y solo el 21% supera los 15 años de actividad), que se ha visto agravada por la pandemia, los cuellos de botella en las cadenas de suministro globales, la fuerte escalada en el crecimiento de los precios y los efectos económicos de la invasión de Ucrania. Un duro contexto que ha generado más endeudamiento y una debilidad financiera y patrimonial, que ha podido ser atendida por los bancos y el apoyo en forma de aval del ICO.
Francisco Piedras ha destacado que además del acceso a la financiación, otro factor decisivo que ha evitado la declaración de concurso voluntario de muchas empresas ha sido la prórroga hasta el 30 de junio de la moratoria concursal. Todo apunta -ha dicho- que el fin de la moratoria coincidirá con la aprobación del Proyecto de Ley de Reforma Concursal, uno de cuyos principales objetivos persigue contribuir a la viabilidad de las empresas que sufran problemas de solvencia y evitar el colapso del sistema judicial con miles sociedades abocadas a la liquidación.
Durante su intervención ha hecho hincapié en uno de los conceptos más novedosos de la reforma, que incorpora como presupuesto objetivo la denominada “insolvencia probable”, una figura jurídica ya existente en otros países europeos que permitirá a las empresas adelantar hasta 2 años las medidas de reestructuración en fase preconcursal. Esta medida permitirá afrontar con antelación problemas de solvencia o liquidez sin necesidad de llegar a una situación límite de insolvencia inminente o actual, si bien habrá que analizar en detalle sus efectos en el ámbito laboral, especialmente en cuanto a la justificación por causas objetivas (económicas, técnicas, organizativas o productivas) de procesos colectivos de extinción o suspensión de puestos de trabajo, o de modificación sustancial de condiciones laborales.
Francisco Piedras ha señalado como precedente de la adopción anticipada de medidas laborales de carácter colectivo, la vigente justificación legal por causas económicas en base a pérdidas previstas, si bien la reforma concursal puede suponer un importante avance en la adopción de actuaciones preventivas encaminadas a garantizar la viabilidad de las empresas, sin perjuicio de la necesaria seguridad jurídica y del control jurisdiccional de las medidas adoptadas.
A juicio del ponente, uno de los aspectos del Proyecto de Ley que deberá ser mejorado en la actual fase parlamentaria (ha recibido más de 600 enmiendas) es la absoluta rigidez en la reestructuración de los créditos públicos, que de no corregirse puede limitar significativamente la consecución de los principales objetivos que persigue.
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Antonio Polo
