Un año después del lanzamiento desde Bruselas del Plan europeo de recuperación –Next Generation EU (NGEU), según sus siglas en inglés- como respuesta a la crisis generada por la pandemia de la Covid-19, la Unión Europea se enfrenta a cierta presión para acelerar los tiempos respecto de su implementación. Esto es debido, por un lado, a los retrasos durante el comienzo del año en las campañas de vacunación europeas, que han puesto en cuestión la actuación de las instituciones comunitarias, y, por otro, a la influencia de los sucesivos paquetes de recuperación puestos en marcha en la otra orilla del Atlántico, ahora por parte de la Administración Biden.
De esta forma, hemos asistido en los últimos días a avances relevantes de cara a su implementación. Como novedad fundamental, y a fecha 13 de mayo, la Comisión Europea (CE) ha recibido los planes oficiales de recuperación y resiliencia de quince países miembros, correspondientes a: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Luxemburgo, Polonia y Portugal. Estos planes establecen las reformas y los proyectos de inversión que cada Estado miembro tiene previsto ejecutar con el apoyo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), elemento central del NGEU.
Entre los planes nacionales presentados hasta el momento, destacan las relevantes diferencias que existen, por ejemplo, entre el plan alemán, centrado exclusivamente en los avances en materia digital y para contrarrestar el cambio climático, respecto de otros planes, como son el español, francés e italiano, que cuentan con objetivos de políticas públicas más amplios; como son la inclusión social, la igualdad de género, la innovación o la educación.
¿Qué faltaría entonces, por la parte del conjunto de la UE, para activar el Plan NGEU de forma que los Estados miembros puedan beneficiarse de la financiación asociada al mismo? Destacamos los siguientes puntos:
- Recibir los planes nacionales de los restantes doce países miembros que aún no lo han presentado. La fecha límite inicialmente establecida era el 30 de abril.
- Una vez recibidos los Planes nacionales, han de ser revisados por la Comisión europea en los próximos dos meses sobre la base de los once criterios establecidos en el Reglamento para, posteriormente traducir su contenido en actos jurídicamente vinculantes.
- Por su parte, el Consejo dispondrá, por regla general, de cuatro semanas para adoptar la propuesta de Decisión de Ejecución presentada por la Comisión.
- La aprobación de los planes por parte del Consejo permitiría el desembolso de una prefinanciación del 13 % a los Estados miembros.
No obstante, la disponibilidad de la financiación está supeditada a la entrada en vigor de la Decisión sobre recursos propios -que permitiría la financiación del conjunto del plan a través de la captación por parte de la UE de recursos en los mercados financieros, a través de su endeudamiento-, aún en proceso de aprobación en numerosos Estados miembros. De hecho, entre los que no lo han ratificado aún se encuentran algunos de los países, como Holanda, que no han presentado aún a la CE ni siquiera un borrador de su Plan de recuperación, y que se suelen mostrar contrarios a los avances respecto a una mayor unión en materia de política fiscal europea.
Por tanto, no sería hasta el verano cuando, en el mejor de los escenarios, llegaría a los Estados miembros parte de la financiación europea.
En España, en ese contexto de la financiación esperada gracias a los nuevos fondos europeos, el Gobierno presentó hace siete meses las líneas principales del Plan “España Puede”. Desde entonces ha sido mucha la expectación que ha suscitado y poca la información a la que se ha podido acceder respecto de este. Finalmente, el pasado 30 de abril España remitió a la Comisión Europea el conjunto de su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), dentro de la fecha límite inicialmente establecida, fijada para ese mismo día.
El Plan incorpora su marco general, los principales hitos de inversiones y las reformas estructurales a través de los cuales pretende lograr cuatro objetivos: (1) la transformación ecológica, (2) transformación digital, (3) cohesión social y territorial y (4) la igualdad de género. Los citados objetivos se van a desarrollar a través de 10 políticas palanca y 30 componentes. La dotación a fondo perdido correspondiente a España, procedente del MRR, asciende a 69.528 millones de euros hasta 2026. Por el momento, España no ha solicitado la financiación adicional que estaría disponible en forma de préstamos.
El Plan español habría sido bien acogido en Bruselas, donde consideran que las prioridades generales están planteadas de forma apropiada, aunque matizan que los mecanismos de rendición de cuentas no están muy bien definidos.
Sin embargo, no ha sido hasta comienzos de mayo cuando el Gobierno ha publicado con un mayor nivel de detalle los treinta componentes que articularán las políticas del citado Plan. De forma que la información ahora disponible en relación con los componentes permite hacerse una mejor idea de la tipología de proyectos que se van a financiar y los potenciales beneficiarios.
Presentamos en el gráfico 1 la estructura de los fondos europeos en función de las políticas palanca y una selección de aquellos componentes y programas de especial relevancia para la actividad del sector privado y su potencial participación en el Plan.
GRÁFICO 1. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA: SELECCIÓN DE PROGRAMAS E INVERSIONES PROYECTADAS DE ESPECIAL INTERÉS PARA EL SECTOR PRIVADO
Fuente: Equipo Económico en base a datos del PRTR.
Destacan así los planes de reforma e inversión para la agenda urbana y rural, los asociados al desarrollo de infraestructura y ecosistemas resilientes, los destinados a la modernización y digitalización del tejido industrial y las pymes, así como los de la transición energética y el de educación y conocimiento. Juntos, concentrarán algo más del 78% de la inversión total.
La palanca denominada Agenda Urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura concentrará el 20,7% de la inversión de los fondos europeos. Incluye, entre otros: el Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos, que tiene por objetivo el impulso de la descarbonización, potenciación y optimización de la movilidad urbana y la mejora de la calidad del aire y se destinarán al mismo 6.536 millones de euros; el Plan de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana, con 6.820 millones de euros de inversión prevista, que irían destinados a la descarbonización y mejora del parque edificatorio y fomentar la construcción de vivienda de alquiler social; y la Transformación Ambiental y Digital del Sistema Agroalimentario y Pesquero, con una cifra de inversiones prevista más modesta, de 1.051 millones de euros.
A la transformación de las infraestructuras y ecosistemas en resilientes, atendiendo a la catalogación del Plan, se destinarán 10.400 millones de euros procedentes del MRR, lo que concentraría cerca del 15% del total. Entre principales componentes destacan la Conservación y restauración de ecosistemas marinos y terrestres y su biodiversidad (1.642 millones de euros) y la Movilidad sostenible, segura y conectada (6.667 millones de euros de inversión destinados a la descarbonización de la economía, respuesta a la irrupción de nuevas tecnologías y la creciente urbanización urbana).
A las políticas para la transición energética se destinarán 6.385 millones de euros provenientes del MRR, lo que supone el 9,2% del total. Destaca así los 3.165 millones de euros que irían destinados al Despliegue e integración de energías renovables.
La palanca centrada en políticas para la modernización e impulso de competitividad de las pymes, el turismo y el emprendimiento será la que más fondos reciba en su conjunto, alcanzando los 16.075 millones de euros, lo que supone el 23,1% del total. Entre los principales componentes y programas de inversión destacan: los 3.782 millones de euros que irían destinados a los PERTES; los 4.894 millones de euros destinados al impulso a la pyme, particularmente, a la facilitación de la creación de empresas, su crecimiento y reestructuración, mejora del clima de negocio, impulso de la productividad; y los 3.400 millones de euros de inversión que tendrían por objetivo el Plan de modernización y competitividad del sector turístico.
En relación con los PERTES en el plan se incluyen, aunque no cierra la lista, los siguientes sectores: la automoción y el vehículo eléctrico y conectado, el sector agroalimentario, el sector de la salud, el sector aeronáutico y naval, el impulso a un gran subsector industrial basado en la economía circular, el sector industrial vinculado a las energías renovables y el sector de la industria electrónica.
En último lugar, entre los componentes objeto de análisis del presente post, el apartado para educación y conocimiento recibirá unos fondos de 7.317 millones de euros del MRR. Estas inversiones supondrán el 10,5% del total. Entre los principales componentes y programas de inversión destacan los programas de Transformación Digital a la Educación y a la Formación Profesional, con 1.1412 y 256 millones de euros respectivamente, y el Impulso a la escolarización infantil, con una inversión prevista durante todo el periodo de 671 millones de euros.
Por tanto, es bienvenida la mayor concreción relativa a las inversiones proyectadas por el Plan en materia de rehabilitación de viviendas y eficiencia energética de los edificios, movilidad sostenible, transformación del sector agroalimentario, red ferroviaria, impulso de los PERTES, transformación del modelo turístico, transformación digital de la educación y desarrollo de las energías renovables. Si bien, queda todavía mucho por conocer sobre los instrumentos que se habilitarán para la aplicación de estos nuevos fondos, el calendario y los contenidos de las futuras licitaciones y/o convocatorias de ayudas financiadas con el plan, así como las condiciones para acceder a las mismas. Sería muy positivo definir y publicar estos detalles que son relevantes para la generación de expectativas positivas y una correcta implementación del Plan, contribuyendo de esta forma a la recuperación de la economía española.
José María Romero Vera. Director, Área económica e internacional.
Marta Otero Moreno. Economista Senior, Área económica e internacional.
Andrés Arronte Ledo. Prácticas de Analista económico, en el marco del convenio entre la Universidad Carlos III y Equipo Económico.
