Madrid, 22 de noviembre de 2024. Manuel de Vicente-Tutor, socio director del Área Fiscal y Regulatoria de Equipo Económico, ha reclamado hoy más seguridad jurídica para los contribuyentes, las empresas españolas y los inversores extranjeros que quieren crear empleo y riqueza, en el marco de una jornada organizada por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-CGE) con la colaboración del Instituto de Estudios Económicos (IEE), dedicada a debatir “El fraude fiscal en España: factores incidentes y propuestas para su reducción”. Durante su intervención ha destacado que “cuando se destruyen los principios de seguridad jurídica lo que sucede es que la inversión no viene, se produce una aversión del inversor. El inversor tiene muchos elementos para tomar su decisión, pero lo que verdaderamente le retrae es no saber cuáles son las reglas del juego”.
La presentación de la sesión, segunda que celebra el órgano especializado, ha corrido a cargo de Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE), y ha contado con la intervención de Bernardo Soto, secretario de la Comisión Fiscal de CEOE y jefe del Área Fiscal de CEOE; Agustín Fernández, presidente del REAF.CGE; y Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE).
Tanto Manuel de Vicente-Tutor como Bernardo Soto han analizado la incidencia de la litigiosidad tributaria y la inestabilidad normativa en el fraude fiscal, las implicaciones de la duración de los procedimientos de inspección en la seguridad jurídica, la reducida efectividad de la publicación de las listas de morosos y la conveniencia de tener en cuenta los datos de cotizaciones sociales y gravámenes a la hora de evaluar el fraude fiscal. Finalmente han expuesto sus propuestas para reducir el fraude fiscal y la economía sumergida.
Sobre el primero de los puntos, el socio director de Equipo Económico ha señalado que “reducir la litigiosidad es mejorar el cumplimiento voluntario y redunda en la reducción del fenómeno del fraude. Hay una desproporción entre los medios empleados en la comprobación frente a la investigación y en el aparato de resolución de controversias. Estos medios públicos deberían dirigirse a la lucha contra el fraude”.
Respecto a la inestabilidad normativa se ha mostrado partidario de que las normas tributarias tengan una vacatio legis suficiente (por ejemplo de dos años) para facilitar el cumplimiento voluntario, así como evitar su retroactividad, ya que conculca el principio de confianza legítima. Para reforzar la seguridad jurídica se ha mostrado partidario de establecer el carácter vinculante de las consultas tributarias, del silencio positivo en la tramitación de las consultas y de establecer un plazo de prescripción para el derecho de la Administración Tributaria a comprobar.
Finalmente ha criticado la lista de defraudadores porque pretenden estigmatizar y en las liquidaciones no se diferencia entre fraude (doloso, mala fe) y la divergencia interpretativa con la Administración (elusión), y ha opinado que de cara a reducir el fraude fiscal deberían de tenerse en cuenta las cotizaciones sociales porque se están convirtiendo en un auténtico impuesto sobre el trabajo.
📍 Posibles medidas para intentar reducir el fraude fiscal en España según los expertos en el siguiente enlace.
La jornada completa se puede visualizar a continuación:
