Tras 25 años de negociaciones, la Comisión Europea y los cuatro países miembros del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) llegaron el mes pasado a un acuerdo final en sus negociaciones para la nueva asociación entre la Unión Europea y Mercosur, que integra de forma conjunta un mercado de 800 millones de consumidores. En el contexto actual de auge del proteccionismo a nivel global, este acuerdo fortalece el compromiso de ambas regiones con el libre comercio, al mismo tiempo que las posiciona como socios en el marco actual de tensiones geopolíticas.
El acuerdo se ha alcanzado cuando parecía ya poco probable, tras años de estancamiento en las negociaciones, debido en los últimos tiempos a la oposición de algunos países de la UE, entre los que destaca Francia, esgrimiendo preocupaciones ambientales como la deforestación del Amazonas o la competencia desleal para los agricultores europeos que supondrá la importación de productos agrícolas que se han beneficiado del uso de determinados químicos prohibidos en la UE. También ha tenido que superar los relevantes cambios políticos en países clave como Brasil y Argentina, y la pandemia de COVID-19, que desvió la atención y los recursos necesarios. El acuerdo logrado ahora es similar al que se alcanzó en 2019 y no se llegó a ratificar, aunque incorpora ajustes en cuestiones sensibles o en aspectos no contemplados hace seis años, como los relacionados con los coches eléctricos, adquiriendo una relevancia renovada y multiplicada.
Por la parte europea, la Comisión ha dado un claro paso adelante en el complejo escenario internacional actual. Y lo ha hecho nada más empezar el segundo mandato de su presidenta, Ursula Von der Leyen. El acuerdo propuesto entre la UE y el Mercosur consta de un pilar político y de cooperación, y un pilar comercial. La competencia para cerrar el acuerdo, en cuanto a los temas relacionados con el comercio de bienes, es comunitaria. Pero, al tratarse de un acuerdo mixto, para el resto de los componentes necesitará no solo de la aprobación del Consejo de la UE y del Parlamento europeo, sino de la ratificación por parte de cada uno de los estados miembros, según sus procedimientos internos.
Lo cierto es que el acuerdo con el Mercosur es clave para la UE ante los desafíos geopolíticos y tiene relevantes implicaciones estratégicas, impulsando su presencia en la región, frente a la expansión de la influencia de China en los últimos años y el nuevo pulso que está ya imponiendo Trump en las relaciones de Estados Unidos con la región incluso antes del comienzo oficial de su mandato. Europa verá reforzada la seguridad económica y alimenticia, diversificadas las cadenas de suministro e incrementada la competitividad. Además, según estimaciones de la Comisión Europea, de producirse, el acuerdo ahorrará a las empresas de la UE derechos por valor de 4.000 millones de euros al año, y garantizará preferencias comerciales. Asimismo, contribuirá a garantizar el flujo de materias primas necesarias para la transición energética y digital.
En cuanto a España, el acuerdo supone asimismo la oportunidad de reforzar su posición como puente entre la UE y América Latina y su papel en el complejo contexto geopolítico al proporcionar un marco más estable y atractivo para revitalizar estos vínculos comerciales y económicos. En este sentido, según las últimas estimaciones del Ministerio de Economía, las exportaciones españolas a Mercosur aumentarán notablemente, así como la producción y el empleo en la mayoría de los sectores productivos, destacando manufacturas y servicios. Sin embargo, otros sectores, como el agrario, podrían verse perjudicados como consecuencia de la nueva asociación, por lo que medidas de apoyo y compensatorias han comenzado a esbozarse. Con todo, le permitiría a la economía española ahondar en la especialización de bienes y servicios de mayor valor añadido. De igual forma, el acuerdo protegerá a ciertos productos de la imitación y los ayudará a distinguirse fortaleciendo su posición en el mercado. Asimismo, el acuerdo podría contribuir a revertir la dinámica de los últimos trimestres marcada por una reducción significativa de la inversión española en la región tras la cifra récord alcanzada en 2022.
En cualquier caso, la historia reciente de la economía española ha demostrado que la mayor apertura a los flujos de comercio e inversión internacionales ha tenido un impacto notablemente positivo tanto en términos de crecimiento del PIB, como también de la renta per cápita, siendo esto último clave ante el estancamiento al que nos enfrentamos de la convergencia con Europa.
Por su parte, a través de esta asociación, el Mercosur se posicionará como socio comercial prioritario de la UE. Así, los miembros del Mercosur accederán a un mercado que es 1,6 veces mayor en población y 3,5 veces mayor en ingreso per cápita. Este acceso representa una oportunidad única para los países sudamericanos de diversificar sus exportaciones. Además, uno de los retos fundamentales por parte del Mercosur es la estabilización macroeconómica dentro del bloque, en donde la experiencia europea puede servir como guía.
En este sentido, Argentina, que ostenta la presidencia del Mercosur en estos momentos, buscará promover este acuerdo con la UE dentro de su plan de apertura económica con un doble objetivo: por un lado, acelerar la recuperación económica del país y, por otro, insertar a los países del bloque en el comercio internacional.
El principal desafío para los países latinoamericanos será adaptar los sectores de mayor exposición a la competencia internacional, que cuentan con entre 15 y 20 años para desarrollar capacidades y resiliencia.
En materia comercial, el compromiso es que la UE liberalizará el 74% de sus bienes inmediatamente, y el 18% en la próxima década; mientras tanto, el Mercosur liberalizará el 14% de sus productos inmediatamente y tendrá hasta 15 años para desgravar el 91%. Además, el acuerdo establece mecanismos de salvaguardia arancelaria que permiten a los países suspender temporalmente las preferencias arancelarias si las importaciones amenazan a sus industrias.
Además de la bajada de aranceles, el acuerdo incluye medidas no arancelarias para fomentar el comercio, como la simplificación de procedimientos aduaneros o la armonización de barreras técnicas y medidas sanitarias. También se busca promover la prestación de servicios transfronterizos entre la UE y el Mercosur, y se reconoce el derecho al establecimiento para empresas de servicios, facilitando su operación en ambos mercados. Otro punto relevante es la apertura de los mercados a la licitación pública, de forma que las empresas de ambos bloques podrán participar en igualdad de condiciones con las empresas locales en la adjudicación de contratos públicos.
Además, el acuerdo cuenta con provisiones especiales para sectores sensibles, como calzado, muebles, y vehículos. También se introduce un capítulo dedicado a Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), que proporcionará financiamiento, información de mercado y cooperación, de modo que puedan adaptarse al nuevo contexto comercial y aprovechar las oportunidades reduciendo la burocracia. Asimismo, se han añadido al acuerdo marcos de estabilidad y previsibilidad para la inversión extranjera directa (IED), y estándares comunes para proteger innovaciones e investigación.
Sumado a esto, y en cuanto a su pilar en el ámbito político y de la cooperación, el tratado asume compromisos contra el cambio climático y la deforestación, mediante la aplicación del Acuerdo de París, la gestión sostenible de la pesca y de los recursos forestales y la promoción de productos que ayuden a conservar el medio ambiente. De esta manera, se reflejan los estándares más elevados de la UE en materia de desarrollo sostenible, a la vez que se establece un fondo de 1.800 millones de euros de apoyo a acciones mutuamente beneficiosas para una transición verde y digital en los países del Mercosur, enmarcado en la iniciativa europea Global Gateway, que tiene el potencial de transformar al Mercosur en un gran proveedor de la UE en minerales, de energía y de alimentos. Asimismo, se establece una cláusula democrática y de compromisos con los valores fundamentales, así como el fortalecimiento del diálogo político para mantener la estabilidad regional y prevenir los conflictos.
Ahora, para su entrada en vigor, por la parte latinoamericana será necesario que se ratifique a través de sus parlamentos nacionales, correspondiendo al presidente su firma para su aprobación oficial. No parece que este paso vaya a traer problemas al proceso, ya que los cuatro países han mostrado su apoyo a la firma del tratado.
Por la parte europea, no existe un calendario oficial para la ratificación del acuerdo UE-Mercosur, estando ahora en fase de traducción y revisión jurídica del documento antes de su tramitación parlamentaria. El acuerdo entrará en vigor con cada país del Mercosur que lo apruebe una vez que dos tercios del Consejo de la Unión Europea (15 países) den su aval, seguido de la validación por el Parlamento Europeo. La sección comercial podría implementarse de forma más rápida, al abarcar solamente las disposiciones que son competencia exclusiva de la UE. Mientras que las disposiciones no comerciales, al requerir también la ratificación de cada país miembro, podría verse sometida a obstáculos adicionales.
Los estados miembros de la UE están ya posicionándose al respecto y defendiendo su postura frente a sus opiniones públicas. En este sentido, el acuerdo podría encontrarse con la oposición de países como Bélgica, Francia, Irlanda y Polonia y la resistencia del sector agrícola de la UE. No obstante, y a pesar de la preocupación de agricultores y ganaderos, el acuerdo tendría un impacto limitado en mercados sensibles de la UE y España, como la carne de vacuno, pollo o el arroz, ya que no se ha negociado una liberalización completa, si no una reducción de aranceles dentro de un cierto volumen, y superado este, se aplicarán los derechos de importación actuales, lo que garantiza una influencia limitada en los precios.
En definitiva, pese a los obstáculos que debe aún enfrentar para su efectiva aplicación, inherente a una larga negociación, existen numerosos incentivos para avanzar en la ratificación y entrada en vigor del acuerdo -frente a lo que ocurrió tras el acuerdo de 2019-, en una situación en que la UE busca aliados ante las crecientes tensiones políticas y Mercosur una mayor estabilidad para sus economías y el acceso a mercados más sofisticados. En cuanto a los aspectos comerciales, el acuerdo podría incluso entrar en vigor de manera provisional antes de la ratificación completa. Esto permitiría a ambas partes beneficiarse de los aspectos comerciales del acuerdo mientras se resuelven los procesos nacionales de ratificación más complejos.
Analista económico – Área económica e internacional, Equipo Económico (Ee).
Félix Escobar Gómez
Analista económico en prácticas – Área económica e internacional, Equipo Económico (Ee).
