Tras más de un año ya desde la eclosión de la pandemia del Covid-19, la economía española se sigue enfrentando a una crisis económica sin precedentes. En épocas de incertidumbre tales y como las que vivimos, es especialmente relevante prestar atención a la evolución de los diferentes indicadores económicos y financieros, para conocer en profundidad los efectos que esta crisis, de origen sanitario, está teniendo sobre la economía. En este post, pongo el foco sobre una variable de especial relevancia para el sector empresarial: la deuda comercial de las Administraciones Públicas con el sector privado.
Ya en la crisis pasada, las Administraciones Públicas acumularon un nivel máximo de deuda con sus proveedores, de 91.300 millones de euros a finales de 2011. Para estos, el importante retraso en los pagos y los elevados volúmenes en los importes de las facturas pendientes representaron graves problemas de liquidez suponiendo, incluso, el cese de la actividad para un número relevante de empresas.
Cierto es que, en años posteriores y hasta 2016, según se puede observar en el gráfico 1, se había producido un esfuerzo por parte del sector público para la reducción de las obligaciones pendientes de pago.
No obstante, la deuda comercial de las Administraciones ha venido creciendo en los últimos cuatro años. De forma que, según los datos recientemente publicados por el Banco de España, correspondientes al conjunto del ejercicio 2020, se ha producido durante este año un relevante repunte de la deuda comercial de las AA.PP.: el valor de las cuentas que la administración adeudaba con el sector privado creció hasta los 83.356 millones de euros. Frente a 2016, año en el que la variable alcanzó su mínimo desde el estallido de la crisis financiera, se aprecia un aumento de cerca del 40%, lo que supone 23.000 millones adicionales de facturas impagadas.
De esta forma, tras un crecimiento del 2,4% con respecto al cierre de 2019, la deuda comercial equivale al 7,4% del PIB español. Es por tanto el nivel más alto de deuda comercial en términos de PIB tras el máximo histórico alcanzado a cierre de 2011, con una deuda comercial del 8,6% del PIB. Ver gráfico2.
GRÁFICOS 1 Y 2. EVOLUCIÓN DE LA DEUDA COMERCIAL DEL CONJUNTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN TÉRMINOS ABSOLUTOS (IZQ.) Y DEUDA COMERCIAL EN TÉRMINOS DE PIB Y POR ADMINISTRACIONES (DCHA.).
Fuente: Banco de España, Equipo Económico.
Cabe en este punto hacer referencia a la comparativa internacional: ¿hay margen de mejora con respecto a nuestros socios europeos? La respuesta es que sí. A la espera de conocer las cifras a cierre de 2020, los datos del tercer trimestre del ejercicio 2020 apuntan a que grandes economías europeas, como Alemania y Reino Unido, e incluso otras como Italia, que han sufrido la crisis en una magnitud similar a la economía española, han logrado contener su deuda comercial con proveedores por debajo del 5% del PIB. Ver gráfico 3. Con todo, existe un claro margen de corrección en relación con las mejores prácticas europeas en cuanto a los niveles de deuda comercial: se debe por tanto abogar por un cambio significativo en la gestión y resolución de facturas pendientes de pago por parte de la Administración, en todos sus niveles.
Entre las causas que contribuyen, sin duda, a la acumulación de deuda comercial, se encuentra el aumento de las necesidades de financiación del sector público. De esta forma, el gráfico 4 muestra la estrecha correlación entre el déficit público y el saldo de las cuentas pendientes de pago.
En 2020, la paralización de la actividad, la caída de los ingresos públicos y el incremento del gasto para paliar los efectos asociados a la pandemia Covid-19 han derivado en un aumento aún más significativo de las necesidades de financiación del sector público. De esta forma, y según los datos publicados recientemente por Hacienda, el déficit del sector público español ascendió en 2020 al 11% del PIB, teniendo en cuenta a la Sareb que, desde 2020, empieza a formar parte del ecosistema público.
En este contexto, el importante desequilibrio presupuestario estaría ya motivando, el retraso adicional por parte de la administración en el pago a los proveedores. Esto, a su vez, repercutirá negativamente sobre los niveles de liquidez de las empresas, que ya se encuentran muy tensionados a causa de la crisis económica actual. Este hecho resultaría especialmente perjudicial para las pymes, ya que, bajo determinados supuestos, la falta de liquidez podría derivar rápidamente en problemas de solvencia y, en el peor de los casos, en la desaparición de la empresa, con el consecuente deterioro del tejido productivo español.
GRÁFICOS 3 Y 4. COMPARATIVA INTERNACIONAL DE LA EVOLUCIÓN DE LA DEUDA COMERCIAL DEL SECTOR PÚBLICO (IZQ.) Y RELACIÓN ENTRE EL DÉFICIT PÚBLICO Y LAS CUENTAS PENDIENTES DE PAGO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN ESPAÑA, DATOS TRIMESTRALES 1995- 2020 (DCHA.).
Fuente: Banco de España, Ministerio de Hacienda, Comisión Europea, Equipo Económico.
En aras de evitar que el desequilibrio en las cuentas públicas lleve, de nuevo, a convertirse en un agravante para el estrangulamiento de la liquidez y solvencia empresarial, debilitada tras meses de paralización de la actividad, resulta relevante establecer un seguimiento de la información disponible que permita analizar la situación de las obligaciones pendientes de pago del sector público frente al sector privado.
Dado el actual desequilibrio de las cuentas públicas, que se extenderá en los próximos años, cabe exigir el pago de las facturas a los proveedores en tiempo y forma. A modo de colofón, el reciente Real Decreto-ley 5/2021 establece una línea de ayudas directas a empresas con una dotación total de 7.000 millones, con estrictos criterios de elegibilidad entre sectores económicos. En comparativa, este montante parece escaso; si la Administración hiciera frente a sus obligaciones pendientes de pago, las empresas podrían beneficiarse de una inyección de liquidez directa al tejido empresarial doce veces mayor a las ayudas previstas en la nueva norma. Sin duda, los números hablan por sí solos.
Andrea Cordero López.
Analista. Área económica e internacional.
