Para hacer frente a los importantes retos derivados de la crisis del Covid-19, la Unión Europea puso en marcha a mediados de 2021 y con vigencia hasta 2026, un plan de recuperación basado en el instrumento NextGenerationEU, un mecanismo temporal de provisión de fondos para dinamizar la inversión al servicio de los Estados miembro de la UE. El acceso a los fondos está sometido al cumplimiento de una agenda de reformas estructurales. De forma que este diseño busca una alineación más estrecha entre las políticas de los Estados miembros y la estrategia de la Unión en áreas prioritarias como son la transición verde y digital, favoreciendo la inversión en las mismas. Destacó, además, como principal novedad de estos fondos, su forma de financiación, realizada a través de la emisión de deuda conjunta de los países de la Unión.
Dado que la implementación del plan se acerca ahora a su ecuador, la Comisión Europea ha publicado su evaluación intermedia sobre el relevante instrumento, mediante el cual se han desembolsado hasta la fecha a los Estados miembros en torno a 225.000 millones de euros, sobre el total de 800.000 millones de los que dispone el plan. No obstante, su ejecución presenta holgadas divergencias entre los Estados miembros ‑ver gráfico 1‑, por ello, la Comisión ha advertido sobre la necesidad de acelerar las reformas necesarias ligadas al desembolso de los fondos, en especial a aquellos países más rezagados en esta materia.
Ente los países que deben acelerar el ritmo de aprobación de reformas para continuar avanzando en el desembolso de los fondos se encuentra España, el segundo país con mayor volumen asignado de toda la Unión Europea en términos nominales ‑167.000 millones de euros‑, tan solo por debajo de Italia, según se aprecia en el gráfico 2. No obstante, permanece muy rezagada respecto a otros países en términos de la proporción de financiación recibida hasta la fecha sobre el montante inicialmente asignado. Por el momento y según la Comisión, España ha cumplido 121 de los 595 hitos y objetivos que ha comprometido con Bruselas, por lo que ha recibido hasta la fecha 37.000 millones de euros. Esta cantidad es la resultante del pago de prefinanciación recibido en agosto de 2021 por un valor de 9.000 millones, del primer pago en diciembre de ese mismo año (10 m.m.), del segundo en julio de 2022 (12 m.m.) y del tercero en marzo de 2023 (6 m.m.). Sin embargo, ante el parón legislativo en el contexto de la celebración de elecciones generales el año pasado y del retraso que se produjo posteriormente en la formación de gobierno, España solicitó con medio año de retraso, en diciembre de 2023, un cuarto pago por valor de 10.000 millones de euros. El mismo se encuentra aún en periodo de análisis por parte de la Comisión, que ha de cerciorarse del cumplimiento de la agenda de reformas pactada.
GRÁFICOS 1 Y 2. DESEMBOLSO FONDOS NGEU EN PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL ASIGNADO POR PAÍS (izquierda) Y CANTIDADES ASIGNADAS DE LOS FONDOS NGEU (derecha).
Nota: Selección de los diez principales asignatarios de fondos europeos (desembolsado y no desembolsado).
Fuente: Comisión Europea, Equipo Económico (Ee).
No obstante, ante las dificultades a las que sigue enfrentándose el gobierno de coalición para alcanzar los consensos necesarios que le permitan aprobar en sede parlamentaria sus propuestas ‑como se ha puesto de manifiesto con el rechazo a la reforma del subsidio por desempleo‑, el incumplimiento de la agenda pactada puede llevar a que se produzca tan solo un pago parcial en lo referente al cuarto pago previsto. Algo que, previsiblemente, será además la tónica general durante esta legislatura, dado el complejo entramado de pactos suscritos. De este modo, surgen dudas razonables acerca de la posibilidad de revertir la tendencia decreciente en el logro de los objetivos comprometidos asociados a la financiación a fondo perdido. Así, en 2021 se alcanzaron 51 objetivos, en 2022 se completaron 40, y en 2023 se lograron solo 29.
Se suman así a las dudas ya existentes sobre los efectos reales que están teniendo en la economía real los pagos recibidos hasta la fecha, los efectos en el medio plazo de unas reformas que no siempre van en la dirección adecuada ‑como es claramente el caso de la contrarreforma del sistema de pensiones, que no avanza en garantizar la sostenibilidad de las mismas, mientras supone un incremento adicional de la carga impositiva al trabajo‑.
Por tanto, dada la muy positiva oportunidad que suponen los fondos para la economía española y la mutualización del esfuerzo inversor a nivel europeo, se ha de intensificar el trabajo para alcanzar los consensos necesarios para que, basándose en unas reformas en aras del incremento de la productividad de la economía española, se puedan implementar las inversiones planificadas. Sin embargo, estos consensos no se han de producir solo con los agentes sociales y con las CC. AA. como pide la Comisión, sino que se han de buscar de forma prioritaria en sede parlamentaria, con el apoyo de una amplia mayoría. Este es sin duda el mayor desafío y única vía posible para revertir los retrasos.
Para la construcción de estos consensos se necesita además un incremento significativo en materia de transparencia respecto a los fondos, dada, por ejemplo, la falta de disponibilidad de una herramienta operativa que permita un adecuado seguimiento de estos y sus perceptores finales.
Por último, reconociendo la dificultad que supone para gran parte de los países mantener el ritmo de ejecución de reformas e inversiones necesarias para lograr el 100% del desembolso previsto en el año 2026, resulta necesaria una mayor flexibilidad en los procedimientos de revisión de los planes remitidos a Bruselas, así como comenzar ya con las negociaciones que permitan su extensión en el tiempo.
Juan Babío Segura.
Analista en prácticas – Área económica e internacional, Equipo Económico (Ee).
Raquel Lorenzo Alonso.
Analista – Área económica e internacional, Equipo Económico (Ee).
