La reforma laboral de 2012, instrumentada en el Real Decreto-ley 3/2012 de 10 de febrero, perseguía, entre sus principales objetivos, dotar de mayor flexibilidad al mercado de trabajo. Transcurridos casi ocho años desde su aprobación, y en el marco de incertidumbre actual respecto a su posible derogación, total o parcial, anunciada por algunos miembros del Gobierno, consideramos que es un momento oportuno para hacer un balance preliminar de sus resultados en la consecución del referido objetivo y sus efectos sobre el nivel de empleo.
Parece evidente que algunas de las medidas introducidas por la reforma mejoraron la flexibilidad interna y externa de las empresas, pero desde algunos ámbitos se cuestionaron los efectos que dicha flexibilidad podría tener en la reducción de la tasa de desempleo, considerando que podría incentivar o facilitar en mayor medida los ajustes de plantilla que la contratación de nuevos trabajadores.
El análisis conjunto de los gráficos que se exponen a continuación, basados en datos de estadísticas oficiales, pone de manifiesto que desde que se inició la recuperación de la economía española en 2014, la contratación de nuevos trabajadores se ha situado muy por encima de los despidos, articulados muchos de ellos en procesos colectivos. Ha dado así lugar a una reducción de la tasa de desempleo de más de trece puntos (ver gráfico 1), según los datos publicados hoy correspondientes al cuarto trimestre de 2019, una mejora significativa pero aún insuficiente desde un punto de vista social y económico, lo que exige mantener y/o reforzar los esfuerzos e incentivos para la creación de empleo.
GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DEL MERCADO LABORAL SEGÚN LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA.
Fuente: INE, Equipo Económico.
Respecto a la creación de empleo en estos últimos años, lo más destacable ha sido su mayor elasticidad respecto a otros periodos de la economía española, reaccionando con mayor inmediatez e intensidad a la recuperación del crecimiento, una de las virtudes de la reforma más destacadas. Pero no se han realizado tantas valoraciones, ni existe consenso, respecto a los efectos que han tenido los cambios introducidos en la regulación de los expedientes de regulación de empleo (despidos colectivos, suspensiones de contrato y reducciones de jornada), entre los que cabe destacar una mejor objetivación de las causas justificativas y la supresión de la autorización administrativa.
El análisis de la evolución del número de trabajadores y empresas afectados por dichos procesos muestra un progresivo e intenso descenso desde 2012, pasando de 483.313 trabajadores y 27.570 empresas en 2012 a 57.497 y 2.615 en 2017, según las estadísticas del Ministerio de Trabajo, prueba evidente de la mejora de la situación económica en general, y de las empresas en particular. No obstante, en 2018 se produjo un repunte en el número de trabajadores inmersos en este tipo de procedimientos, 72.896, y los últimos datos de noviembre de 2019 muestran un nuevo incremento en términos interanuales, tanto del número de empresas como de trabajadores afectados, el 2,0% y el 23,5%, respectivamente. Ver gráfico 2.
GRÁFICO 2. EVOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO.
Fuente: Ministerio de Trabajo, Equipo Económico.
Este incremento de expedientes registrado en los últimos meses se focaliza en sectores especialmente afectados por los profundos cambios que se están produciendo en la economía, entre los que cabe destacar la digitalización y el desarrollo de las comunicaciones, que impactan de manera relevante en lo forma de operar de empresas y consumidores. El sector financiero es un buen ejemplo de ello, que está teniendo que afrontar, con mejoras en su estructura productiva y en su organización, no sólo los citados cambios tecnológicos, sino también la creciente presión regulatoria, los reducidos tipos de interés y la aparición de nuevos competidores, todo ello con el objetivo de incrementar su eficiencia y su competitividad, y de esta forma garantizar su viabilidad a medio y largo plazo.
Sin embargo, pese a dicho repunte de los procesos colectivos de regulación de empleo, muy lejos en cualquier caso de los años más duros de la reciente crisis, y a la desaceleración del ciclo económico que viene experimentando la economía española, la evolución de la creación de empleo en 2019 ha seguido siendo positiva, con un incremento del 2,1% en términos interanuales en el cuarto trimestre de 2019, llegando el número de ocupados a situarse en 19.966.900, muy cerca ya de nuestro máximo histórico. Estos datos, a nuestro juicio, reflejan las bondades de la mayor flexibilidad introducida por la reforma laboral, puesto que las empresas se adaptan con rapidez a su entorno de mercado y competitivo, contratando nuevos trabajadores cuando la expectativas de crecimiento son favorables y necesitan incorporar los perfiles necesarios para responder a nuevas demandas, o ajustando su plantilla, con carácter estructural o coyuntural, cuando se hace necesario para mantener su productividad o su solvencia financiera, en procesos acordados mayoritariamente con los representantes de los trabajadores (una media del 88,0% desde la aprobación de la reforma), y con un efecto neto muy positivo en el nivel de empleo.
Por tanto, si bien toda legislación necesita por supuesto ser adaptada y mejorada, no parece oportuno que en la fase descendiente del ciclo económico y con menores ritmos de creación de empleo, sea el momento de lanzar mensajes generales y anuncios de derogación contra aquellas medidas que han resultado eficaces en la reducción de nuestra elevada tasa de paro, y en cuya aplicación han negociado de buena fe empresarios y representantes sindicales hasta alcanzar en la gran mayoría de los casos acuerdos razonables para ambas partes, contribuyendo a la sostenibilidad de las empresas y de sus plantillas. En cambio, sí sería necesario profundizar en las medidas educativas, de inserción laboral y otras políticas activas de empleo que favorezcan la incorporación al mercado de trabajo de los jóvenes y de aquellos trabajadores más afectados por la “revolución digital”.
Un paso atrás en esta materia, reintroduciendo rigideces en el mercado laboral cuyos efectos negativos ya hemos sufrido en el pasado, no sólo podría dar lugar a una anticipación de procesos durante la tramitación de la contrarreforma, sino que podría generar un efecto mucho más negativo, una reducción de la contratación ante un escenario de mayores incertidumbres y menor crecimiento económico, impidiendo que nuestra tasa de desempleo siga bajando hasta situarse en niveles socialmente aceptables y homologables a los países de nuestro entorno.
Socio Director
Equipo Económico
