Este nuevo post es continuación del publicado el pasado 24 de octubre y profundiza en algunos de los capítulos del libro “Retos de la fiscalidad española: Cuestiones controvertidas en materia tributaria”, editado por Thomson Reuters-Aranzadi, y que he tenido el placer de dirigir. Dado la actualidad de los temas que aborda y tras ser presentado en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, a lo largo de los próximos meses viajaré a otras comunidades junto a alguno de los expertos que lo han escrito para darlo a conocer.
En un Estado de derecho no son solo importantes las normas, sino también cómo se aplican. Tenemos una Administración Tributaria moderna, con importantes medios electrónicos a su disposición, y con cantidades ingentes de información que le permiten realizar cruces y conocer, casi en tiempo real, las transacciones económicas en las que participan las empresas y los particulares, con un importante coste de cumplimiento: múltiples obligaciones informativas, modelos cada vez más complejos, necesidad de identificar operaciones de riesgo, nuevas responsabilidades y, algo que en su momento fue una excepción y ahora es la regla general, como es la necesidad de declarar y liquidar los impuestos, lo cual requiere de conocimientos cada vez más complejos.
La apropiada configuración técnica de los tributos es un elemento esencial en la aplicación del sistema tributario. Pero no lo es menos la adecuada articulación de los procedimientos a través de los cuales se realiza dicha aplicación. En esta línea, resulta muy oportuno el capítulo sobre «El necesario refuerzo de las garantías del contribuyente en los procedimientos tributarios» a cargo del Catedrático de Derecho Financiero y Tributario D. José Andrés Sánchez Pedroche, incluido en la obra colectiva “Retos de la fiscalidad española: Cuestiones controvertidas en materia tributaria”.
El autor señala que las sucesivas reformas tributarias se han empeñado en trasladar, implícita y explícitamente, una idea recurrente: que la defensa de los intereses recaudatorios ha de implicar un cierto desdoro de los derechos y garantías de los contribuyentes, enfatizando el resultado y la preeminencia del bien general que todo ingreso tributario supone, primando la celeridad en la liquidación y su cobro sobre otras circunstancias. A su juicio, uno de los ejemplos más lacerantes y paradigmáticos de esta problemática está constituido por la nueva regulación de las liquidaciones, no impugnables y ejecutivas, derivadas de denuncias administrativas por delitos contra la Hacienda Pública.
El Catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos D. Pablo Chico de la Cámara, analiza la «Problemática derivada del ejercicio de una actividad profesional a través de la constitución de una sociedad mercantil». Para este autor, resulta insólito que la legislación mercantil permita el uso de sociedades mercantiles (incluso, unipersonales) como forma jurídica perfectamente válida para el ejercicio de una actividad económica, al propio tiempo que la Administración Tributaria la sanciona desde la esfera tributaria. Por ello propugna como posible solución una homogeneización de los tipos de gravamen del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aplicables a los rendimientos de actividades económicas.
El epílogo del libro a cargo del profesor de la Universidad de Alcalá y miembro de Equipo Económico, D. Jesús Quintas, cuestiona diversas incoherencias de nuestro sistema tributario derivados de que esa evolución no se produce a partir de planteamientos coherentes sobre los principios y criterios preconizados para el establecimiento y aplicación de los tributos, sino de circunstancias concretas, como son, entre otros, el déficit público y el consiguiente incremento del endeudamiento, las necesidades y presiones de sectores económicos y sociales, o los acuerdos internacionales.
Todas estas relevantes circunstancias desarrolladas en el libro marcarán cómo será nuestro sistema tributario del mañana. Y no sólo desde el punto de vista normativo, de regulación, sino, lo que es más importante, desde la perspectiva de su aplicación práctica.
Socio Director. Área fiscal y regulatoria. Equipo Económico.
