En un panorama internacional de elevada incertidumbre y pese al fuerte envite de la inflación y de la subida de los tipos de interés, la economía española sigue creciendo. Siendo que Europa también ha resistido mucho mejor de lo esperado, una buena parte de ese dinamismo español se explica porque se encuentra aún en fase de recuperación, tras haber registrado en 2020 la mayor caída de la UE. Todo apunta así a que el PIB español crecerá este año por encima del 2%, con una contribución muy positiva del sector turístico.
Destaca el papel que están jugando las empresas españolas en este crecimiento. En un contexto muy difícil, de intenso aumento de todos los costes y de una creciente intervención en la economía por parte del Estado, las empresas están mostrando su gran capacidad para competir internacionalmente, como pone de manifiesto el fuerte crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios españolas en 2022 y primeros meses de este año.
La menor preocupación por la situación de la economía en el corto plazo tiene su reflejo en que el debate económico no está copando los titulares en la intensa carrera electoral prevista este año. Es más, está quizá incluso facilitando los sucesivos anuncios de incremento de gasto público, como si este pudiera ser ilimitado. En este contexto se sigue postponiendo el necesario ajuste de las cuentas públicas y la adopción de las reformas que faciliten un crecimiento sostenible en el tiempo.
Y es que, incluso si se materializan estas estimaciones de aumento del PIB, la economía española seguiría creciendo solo ligeramente por encima de su nivel potencial, mostrándose insuficiente para corregir sus principales desequilibrios. Estos están en cierta forma velados en el debate público por el avance de la actividad y la creación de empleo, pero suponen un gran lastre para los hogares y las empresas y por tanto para la evolución del crecimiento en el medio y largo plazo. Destacan entre los citados desequilibrios: primero, la persistencia de la inflación; segundo, la muy desigual recuperación por sectores, con la industria y la construcción muy por debajo aún de sus niveles precrisis; tercero y fundamental, España registra la mayor tasa de paro de la UE; y, cuarto, la acumulación de catorce años consecutivos de déficits y el fuerte incremento de la deuda pública.
Refiriéndonos especialmente a este último, España vuelve a situarse entre aquellos países con un menor margen presupuestario para hacer frente a futuras crisis. En claro contraste con el proceso de reducción del nivel de endeudamiento de las familias y las empresas desde la Gran Recesión, la deuda pública española se ha multiplicado desde el reducido nivel del 35,8% del PIB que presentaba en el año 2007, hasta situarse en el 113,2% sobre el PIB en 2022. Este fuerte crecimiento del endeudamiento público español volverá a chocar con las necesidades de financiación de las actividades del sector privado en un contexto de volatilidad financiera y mayor restricción del crédito ante la subida de los tipos de interés. Además, se produce en un momento en el que el debate sobre la sostenibilidad de la deuda vuelve con fuerza en Europa en el escenario actual de moderado crecimiento e incremento del coste de la financiación.
En este panorama económico, las principales instituciones internacionales vienen haciendo repetidos llamamientos a los gobiernos para avanzar en el diseño de políticas económicas orientadas a abordar los obstáculos estructurales al crecimiento a medio plazo. Además, ponen énfasis en la necesidad de frenar las políticas fiscales expansivas. Con el propósito de no dificultar aún más el objetivo de control de precios de los bancos centrales y de reducir el excesivo endeudamiento público, frente a las ineludibles y crecientes necesidades de gasto futuro asociadas al envejecimiento de la población, la transición energética y el pago de los crecientes intereses de la deuda.
Y es que en el caso español el pago de intereses aumentará de forma muy relevante, desde la abultada cifra de 31.275 millones de euros previstos para este año 2023 hasta situarse, en un escenario optimista y según la Actualización del Programa de Estabilidad, en más de 38.100 millones de euros a partir de 2026.
En España, sin embargo, la política económica camina en sentido contrario a estos llamamientos, estableciendo trabas a sectores que aún no han recuperado sus niveles previos a la pandemia y trasladando a futuro la corrección de los desequilibrios. Al mismo tiempo que se lanzan un sinfín de nuevas propuestas de gasto en clave electoral, muchas de ellas ampliando aún más el componente estructural del gasto público. De esta forma, la política fiscal está desaprovechando la oportunidad que están ofreciendo los ingresos extraordinarios que derivan de las cifras récord de recaudación tributaria en el contexto de fuertes presiones inflacionistas. Al contrario, los citados ingresos están sirviendo de excusa para evitar ejecutar cualquier ajuste, que será de obligado cumplimiento, de nuevo, en un futuro próximo.
Destaca, en el mismo sentido, que las Comunidades Autónomas continúan recibiendo financiación adicional del Estado con los mecanismos extraordinarios diseñados en 2012; en 2022 recibieron más de 31.000 millones de euros procedentes de dichos fondos y en 2023 ya le han sido asignados más de 16.800 millones de euros.
Como consecuencia, pese al destacado crecimiento económico y la fuerte recaudación tributaria, el déficit del conjunto de las CC. AA. alcanzó el 1,1% sobre el PIB en 2022, el mayor desde 2015. Esta falta de consolidación fiscal por parte de las CC. AA. ha propiciado que estas sean responsables de una parte relevante del incremento del endeudamiento público español. La deuda autonómica española ha crecido desde el 6,1% en 2000 hasta el 23,9% sobre el PIB en 2022, convirtiéndose así en las regiones más endeudadas de Europa.
Urge, por tanto, retomar los objetivos y reglas fiscales tras cuatro años de suspensión, en especial también para vincular a las CC. AA., y que contribuyan a un ajuste estructural. Sin embargo, la Actualización del Programa de Estabilidad remitida recientemente por el Gobierno a Bruselas vuelve a retrasar en el tiempo el ritmo de consolidación fiscal por parte de las CC. AA.
De esta forma y una vez superada la pandemia, el compromiso con la estabilidad presupuestaria debe ser rotundo, basado en una serie de principios claros y sencillos que contribuyan a que el ciudadano lo identifique como una pauta natural de comportamiento que se exige al buen gestor público y a su coherencia en la acción de gobierno. Y para ello resulta clave la ejecución de un plan de reducción del déficit a medio y largo plazo, que establezca a través de las perspectivas de ingresos y de gastos un límite a la participación del Estado en la economía y garantice una senda factible de reducción de la deuda pública.
En ese sentido, el límite natural del tamaño de las Administraciones Públicas españolas en su conjunto está claramente establecido por la experiencia nacional e internacional y por la capacidad de recaudación pública para su financiación a medio y largo plazo, y se sitúa en torno a un gasto e ingreso público del 40% del PIB.
Para que el citado plan sea creíble ha de pasar por el control y búsqueda de eficiencia del gasto acumulado, más que por un supuesto incremento adicional de los ingresos. Y es que mayores niveles de ingresos públicos no garantizan necesariamente la consolidación fiscal, antes al contrario, la fuente prioritaria del ahorro debe venir por la reducción del gasto público.
Sólo así, aportando credibilidad a los objetivos de política económica y gasto público se generará la confianza suficiente para asegurar un crecimiento económico sostenido en el tiempo, creando empleo y mejorando el nivel de bienestar.
Ricardo Martínez Rico
Presidente Equipo Económico
Fuente: El Mundo
