En el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, el Gobierno se ratifica en los cambios tributarios anticipados hace algunos meses, que ya vienen generando consecuencias negativas para la economía española en virtud de su efecto anuncio. En general y con alguna excepción, se trata de modificaciones técnicamente ciegas, de finalidad sólo recaudatoria, que comportarán una mayor carga fiscal sobre todos los ciudadanos. Se abordan a continuación de manera resumida algunas de las principales medidas.
Destaca el establecimiento de una tributación mínima del 15% (18% para entidades financieras y de hidrocarburos), girada sobre la base imponible del Impuesto sobre Sociedades para entidades con facturación a partir de 20 millones de euros y para todos los grupos fiscales. Siendo el tipo impositivo del 25%, podría pensarse que se trata de una cifra razonable. Nada más lejos de la realidad, porque ese mínimo altera la genética del impuesto, que en muchas ocasiones pasará a ignorar la capacidad económica real de las empresas. Penalizará especialmente a las sociedades con pérdidas (bases imponibles negativas), teniendo por ello carácter regresivo, pero también a las empresas innovadoras (beneficiarias de la deducción por I+D+i) o con presencia internacional. Además, empañará los balances de las sociedades, al incidir sobre los créditos fiscales que lucen en su activo. Se trata por tanto de una propuesta que supondrá una mayor carga fiscal societaria, poniendo en riesgo potencial muchos puestos de trabajo en un escenario económico con tendencia a la desaceleración.
Con la misma finalidad sólo recaudatoria comenzará a gravarse el 5% de los dividendos y plusvalías de cartera (tanto de fuente española como extranjera) y de las rentas de los establecimientos permanentes en el extranjero, rentas hasta ahora en general íntegramente exentas para evitar situaciones de doble imposición.
Sólo la reducción en dos puntos (al 23%) del tipo aplicable a las sociedades de facturación anual inferior a un millón de euros merece opinión favorable.
Tampoco es positiva la nueva tributación del 15% sobre los beneficios no distribuidos de las Socimi. Se trata éste de un modelo de inversión inmobiliaria muy asentado en el ámbito internacional, en el que son los socios quienes tributan inmediatamente y no la sociedad (que se limita a intermediar en el flujo de rentas), exigiéndose para ello un reparto anual mínimo de un 80% de los beneficios. Con el aumento de imposición se olvida que la normativa de las Socimi fue modulándose sin éxito hasta llegar a la hoy vigente, llena de equilibrios, que ha probado ser atractiva para la inversión nacional y extranjera. Además, podría incentivarse un reparto de beneficios excesivo, perjudicando la financiación de la sociedad.
Fuera de los Presupuestos, se anuncian dos nuevas figuras tributarias, con el rasgo común de constituir impuestos anticipados en España al margen de cualquier coordinación europea, señalando así negativamente a nuestro país. El Impuesto sobre las Transacciones Financieras, que gravará al 0,2% las compras de acciones de entidades con capitalización bursátil superior a los 1.000 millones de euros, desviará operaciones hacia otros mercados financieros, como ya se ha contrastado en otros países (en Francia, por ejemplo). Y el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, cuya naturaleza indirecta es del todo discutible, gravará formalmente al 3% determinados servicios prestados por las grandes empresas tecnológicas (como la publicidad on line), pero se trasladará a los usuarios (generadores de valor).
Tampoco se justifica técnicamente la elevación del trasnochado Impuesto sobre el Patrimonio, fuente de doble imposición, que en lugar de suprimirse se convierte en permanente; ni el aumento de los tipos en el IRPF, que alcanzan porcentajes confiscatorios y limitarán la oferta de trabajo.
Más aún, las previsiones de ingresos señaladas por el Gobierno están fuera de la realidad. Por ejemplo, en 2019 se prevé recaudar 1.200 millones de euros por el nuevo impuesto digital, cuando estimaciones de la Comisión Europea reducen la cifra a una sexta parte (si el impuesto se aplicara desde mediados de año). O se confía sin más a la lucha contra el fraude, siempre fácil comodín, un aumento de 500 millones de euros.
Por tanto, prácticamente ninguno de los cambios planteados mejorará el crecimiento económico, el empleo, la innovación o la internacionalización de nuestras empresas. En cambio, las ineficientes propuestas incentivarán el fraude fiscal, lastrarán la competitividad cuando el sector exterior viene perdiendo peso, perjudicarán la imagen de los mercados españoles, y se trasladarán en gran medida a los ciudadanos. Por su parte, las cifras de recaudación previstas alcanzan la categoría de ensoñación.
En resumen, resulta inquietante la falta de una política tributaria coherente con el momento del ciclo económico que vivimos, imprescindible para la construcción de nuestro futuro. A ella parece haber renunciado un gobierno sólo pendiente de la financiación cortoplacista de un gasto público temerario.
Salvador Ruiz Gallud
Socio Director de Equipo Económico
Fuente: Expansión
