Las Administraciones Públicas son el sector más relevante de cualquier economía y su correcto funcionamiento es uno de los elementos de competitividad más destacados. Abarcan un gran número de entidades, niveles y formatos organizativos, desde las corporaciones locales a la administración central, pasando por las comunidades autónomas y muchos y variados organismos. A finales de 2021 su peso alcanzaba el 50,6% del PIB en España.
Mejorar su modernización y su eficiencia les permitiría cumplir mejor su misión principal, pues la actuación de las Administraciones Públicas no se produce siempre de forma suficientemente coordinada, ni a través de mecanismos que aprovechen en su totalidad las ventajas de las nuevas tecnologías ni la numerosa información de que disponen.
Los recursos gestionados por estas administraciones han crecido desde principios de los años 1970 desde el 20% del PIB hasta superar el 50%, y en los últimos quince años el desajuste entre su gasto y los ingresos públicos obtenidos es la causa medible del elevado déficit público. La acumulación de éste ha generado una deuda pública en el entorno del 120% del PIB.
Este desequilibrio de las cuentas públicas supone un serio lastre para el crecimiento potencial de nuestra economía, tanto por la financiación de gastos ineficientes y el efecto expulsión sobre la iniciativa privada, como por la pérdida de confianza y credibilidad que genera. En el Eurobarómetro de la Comisión Europea que mide la confianza de los encuestados en las Administraciones Públicas, se observa que en España, desde 2016, es mayor el número de personas que no confían en ellas de las que sí lo hacen.
Resulta especialmente preocupante que, ni siquiera con los niveles actuales de recaudación impositiva, en máximos históricos, el conjunto de las Administraciones Públicas sea capaz de equilibrar sus cuentas. Esto demuestra que mayores niveles de ingresos públicos no garantizan necesariamente la consolidación fiscal. Y tampoco un mayor gasto público tiene por qué suponer necesariamente unos mejores servicios públicos.
Frente a las demandas cada vez mayores para la prestación de servicios por parte de las Administraciones Públicas, se contraponen unos ingresos públicos en los que las subidas de tipos impositivos no son sinónimos de incrementos de la recaudación porque provocan distorsiones crecientes en la actividad económica. En este escenario, es necesario abordar una reforma de las Administraciones que contribuya al incremento de la competitividad de la economía española y garantice la calidad y sostenibilidad de los servicios públicos.
Es lo que proponemos en el reciente documento Unas Administraciones Públicas más eficientes y modernas, en el que analizamos la evolución del gasto público y su evolución sectorial y territorial, las experiencias internacionales y los informes más recientes en esta materia. De este análisis se derivan una serie de propuestas de reforma que parten del establecimiento de un límite de gasto público que puede actuar como el mejor incentivo para impulsar esas mejoras.
Límite natural
Entendemos que el límite natural del tamaño de las Administraciones Públicas españolas en su conjunto está claramente establecido por la experiencia nacional e internacional y por la capacidad de recaudación pública para su financiación a medio y largo plazo. Ese límite lo situamos en torno al 40% del PIB, con un margen de flexibilidad del +/- 2%.
En el contexto actual de alta inflación y elevadas tasas de crecimiento del PIB nominal, existe la oportunidad de plantear una senda temporal razonable de reducción del gasto público sobre el PIB. Una primera estimación no dinámica de ahorro sobre el gasto público liquidado en 2021 alcanzaría 32.000 millones de euros si se aplican medidas de racionalización de las Administraciones Públicas, mejora de la calidad y eficiencia en la gestión de los recursos públicos y reducción, o eliminación en su caso, del gasto burocrático-administrativo o el asociado a duplicidades, sin que suponga recortes en servicios y prestaciones.
Si se considera una senda de tres años para lograr el objetivo señalado y se aplican los supuestos de evolución del PIB nominal previstos en el Escenario 2 del Plan Presupuestario 2023 y en la Actualización del Programa de Estabilidad 2022-2025, se puede planificar una senda razonable de reducción del gasto público sobre el PIB que llevaría el ahorro acumulado hasta 48.600 millones de euros. Ese ahorro, en términos generales, se distribuiría de la siguiente manera: 46% en las administraciones autonómicas, 32% en las locales y 22% en la central.
Solamente una reestructuración completa de las administraciones territoriales centrada en administrar mejor y de forma más eficiente generaría un potencial ahorro entre 10.300 y 16.100 millones de euros. Por un lado, habría que integrar en mancomunidades y áreas metropolitanas o comarcales los municipios con menos de 5.000 habitantes, reduciendo significativamente el número de ayuntamientos (actualmente más de 8.100, como en tiempos de la Constitución de Cádiz de 1812) y, en una segunda fase, eliminar las diputaciones provinciales excepto las forales, que tienen sus características jurídicas y fiscales propias.
Los buenos resultados alcanzados por los spending reviews de la AIReF aconseja que éstos se generalicen siendo este organismo, con sus propios criterios económicos, el que proponga qué políticas públicas deben ser analizadas con carácter prioritario. En el ámbito de la Sanidad, por ejemplo, ha evaluado importantes ahorros potenciales para las arcas públicas mediante el desarrollo de centrales de compra a nivel estatal para la provisión de determinados equipos, y el desarrollo de la colaboración público-privada que ha dado muy buenos resultados en términos de renta per cápita en las autonomías que más han apostado por estas iniciativas (Comunidad de Madrid, Andalucía y Valencia).
Otra bolsa de ahorro significativo se podría obtener con la digitalización de la interacción entre la Administración y los ciudadanos, y desarrollando metodologías para la correcta evaluación del desempeño de los empleados públicos, ligando su remuneración a resultados y promoviendo la movilidad funcional y geográfica entre diferentes niveles de la Administración (central, autonómica y local). Además, sería necesario cambiar el método de elección de directivos públicos para acabar con la práctica de cambio de gestores cada vez que cambia el Gobierno.
La apremiante necesidad de reforma y modernización de las Administraciones Públicas se une a la clara oportunidad que supone el Plan de Recuperación de la UE para financiar estas medidas. Se trata de incluir la reforma y modernización administrativa dentro de las reformas estructurales necesarias, como iniciativa adicional de un plan integral y coherente de lucha contra la inflación, favorecedor del aumento de la productividad y el crecimiento económico, la actividad empresarial, la generación de riqueza y la creación de empleo.
Ricardo Martínez Rico
Presidente del Comité de Reforma de las Administraciones Públicas y Pensiones, Círculo de Empresarios y presidente de Equipo Económico.
Fuente: Expansión
