Madrid, 16 de junio de 2017. El Consejo General de Economistas, REAF-REGAF, presentó ayer la campaña sobre el Impuesto de Sociedades de 2016 y las novedades previstas para 2017, así como el estudio “Reflexiones sobre el fraude fiscal. El problema de las estimaciones y propuestas para reducirlo”, en cuya elaboración han participado activamente Jesús Quintas Bermúdez, Senior Counsellor de Equipo Económico; Jesús Gascón, inspector de Hacienda del Estado; y el servicio de estudios del Registro de Asesores Fiscales, dirigido por Valentí Pich, presidente del Consejo de los Economistas, y Jesús Sanmartín.
El estudio sobre el fraude fiscal recopila los principales intentos de medir la economía sumergida y el fraude fiscal (profundizando en las dificultades que esto entraña), analizando las series temporales de las mediciones con diferentes métodos, centrándose en los resultados para nuestro país y, finalmente, poniendo en cuestión las cifras que normalmente se manejan.
Para Jesús Quintas, el informe pone de manifiesto, en primer lugar, que existe un amplio acuerdo en que “economía sumergida” y “fraude fiscal” son términos distintos, pese a que tengan puntos y aspectos en común. Sin embargo, en los estudios y estimaciones tienden a referirse indistintamente a ambos. Ello hace que, con frecuencia, se utilicen cifras de estimaciones de economía sumergida como si correspondiesen a fraude fiscal.
Los métodos de estimación más utilizados hasta la fecha, basados en relaciones con flujos monetarios y componentes del PIB, han sido objeto de críticas por su reconocida sobreestimación, la dispersión de las diferentes estimaciones y por estar más influidas por los cambios metodológicos que por los efectos de los factores explicativos, poniéndose cada vez más en entredicho como indicadores fiables a efectos comparativos y evolutivos, recuerda el Senior Counsellor de Equipo Económico.
Por todas estas razones las estimaciones del fraude fiscal se han orientado en los últimos años hacia el concepto de “brecha recaudatoria” (“tax gap”), que se orienta hacia los diversos impuestos y sectores, aunque tampoco está exento de problemas, precisa Jesús Quintas.
De acuerdo con el Informe, las estimaciones del fraude fiscal en España (cercanas a los 70.000 millones de euros o superiores) no sólo están desfasadas, sino que resultan injustificadas y, precisamente, parten de una errónea identificación entre economía sumergida y fraude fiscal. Incluso las más moderadas y actualizadas, en torno a 40.000 millones de euros, se consideran también excesivas, mientras que una estimación próxima a los 26.000 millones de euros es probablemente la más cercana a la realidad.
El trabajo presentado recoge un paquete de veinte propuestas para intentar rebajar el impacto del fraude fiscal, entre las que figuran:
- Mejorar la forma de trabajar de las Agencias tributarias.
- Facilitar las regularizaciones espontáneas.
- Tutela especial a los nuevos empresarios.
- Rápida difusión de criterios interpretativos.
- Intensificar la relación cooperativa.
- Fijar objetivos de las Administraciones tributarias a medio y largo plazo.
- Educación ciudadana.
- Potenciar la utilización de medios electrónicos.
- Intensificar la cooperación internacional.
Respecto al Impuesto sobre Sociedades, los asesores fiscales del REAF-REGAF han vuelto a recordar que la recaudación procedente de este tributo puede alcanzar en estos momentos entre 20.000 y 25.000 millones de euros. Finalmente, y en relación con los cambios contemplados en el Impuesto de Sociedades para 2017, han considerado que el principal problema para las entidades, además de la anticipación del tributo a través de los desproporcionados pagos fraccionados, será la limitación al cómputo de pérdidas en la transmisión de participaciones significativas.
