Las cuentas pendientes de pago de las administraciones públicas siguen subiendo, con datos del tercer trimestre de 2021. El volumen de la deuda vuelve a los niveles de la crisis de 2011.
Un viejo conocido de las cuentas públicas españolas vuelve a llamar. La deuda comercial de las administraciones públicas con sus proveedores privados sube en los últimos tiempos. Un estudio realizado por la firma Equipo Económico al que ha tenido acceso EXPANSIÓN constata que la “deuda comercial de las Administraciones Públicas creció en 19.907 millones de euros en el tercer trimestre de 2021, con respecto al mismo periodo del año anterior”, un 28%. La cifra total se situaría en 89.373 millones de euros, el 7,6% del PIB, y sería “el valor más alto alcanzado un tercer trimestre, y el cuarto más alto en toda la serie histórica”. Para llegar a esta conclusión, este informe se apoya en las estadísticas del Banco de España sobre las cuentas pendientes de pago frente a instituciones no financieras, donde se recoge “el valor de los derechos financieros derivados de los desfases temporales entre el momento en el que tienen lugar las operaciones, y el de los correspondientes pagos”. Analizan, además, los datos consolidados, por lo que no tienen en cuenta la deuda entre administraciones. “Atendiendo a esta metodología, las obligaciones pendientes de pago consolidadas se convierten, por lo tanto, en un buen indicador para aproximar el volumen de deuda comercial que el sector público tiene con sus proveedores del sector privado”, añaden.
Nada dice este indicador por tanto de si se han producido retrasos por encima de lo que marca la ley, sino sólo el estado global de esa partida tras varios trimestres donde se han producido importantes desembolsos en gasto público relacionados con la lucha contra la pandemia.
Si se analiza la evolución de este indicador, resulta relevante que casi ha vuelto a los niveles de 2011, en plena crisis financiera, cuando la deuda de los proveedores del sector público supuso en ese momento un problema mayúsculo en un entorno, eso sí, de fuertes restricciones financieras. Estas deudas llevaron de hecho al cierre de muchas empresas, especialmente pequeñas y medianas. Estas obligaciones pendientes alcanzaron su máximo histórico cuando llegaron a representar el 8,6% del PIB.
Entre 2007 y 2011, las obligaciones pendientes de pago de las Administraciones Públicas con el sector privado crecieron el 50,4%, “acumuló más de 30.500 millones de euros adicionales en facturas impagadas, hasta superar los 91.300 millones de euros”.
| GRÁFICO 1. Evolución trimestral de las cuentas pendientes de pago del conjunto de las Administraciones Públicas en términos absolutos entre 1995 y 3er T 2021. | GRÁFICO 2. Evolución trimestral de las cuentas pendientes de pago de las Administraciones Públicas en términos absolutos por administraciones. Media móvil anual*. 1995- 3er T 2021. | |
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| Fuente: Banco de España, Equipo Económico. (*): La media móvil anual se refiere a la media de los últimos cuatro trimestres. | Fuente: Banco de España, Equipo Económico. (*) La media móvil anual se refiere a la media de los últimos cuatro trimestres. Las líneas con mayor transparencia corresponden a los valores trimestrales. |
A partir de ese momento se observa un esfuerzo por parte de todo el sector público por reducir las deudas comerciales que empieza a cambiar a partir de 2018. Y de forma brusca, con la irrupción de la crisis del coronavirus. En el segundo trimestre de 2021 se alcanzó un nuevo máximo en valores absolutos: 93.000 millones de euros.
Las diferencias entre los datos actuales y los de crisis anteriores tienen una diferencia sustancial: la distribución entre los distintos niveles administrativos. En el momento actual es la Administración Central la que cobra casi todo el protagonismo, “concretamente posee el 55,6% de las obligaciones pendientes de pago del total de Administraciones”, con su récord en toda la serie histórica: 49.670 millones de euros. Las comunidades autónomas, que están recibiendo un constante apoyo por parte del Ministerio de Hacienda, no muestran un aumento de estas obligaciones como en periodos pasados y exhiben una situación más saneada.
Si se comparan estas cifras con otros países como Alemania, Italia y Portugal, el stock de cuentas pendientes español (medido en porcentaje de PIB) es superior y la evolución mucho más intensa; no pasa lo mismo con respecto a la comparación con Francia.
José María Romero, gerente y director del Área Económica e Internacional de Equipo Económico, señaló que establecer mecanismos de “prontopago” de las deudas públicas sería un elemento “muy relevante” de cara a la sostenibilidad de la recuperación en la que está aún inmersa la economía española.
Por su parte, desde la patronal de las pequeñas y medianas empresas Cepyme añadieron que “en el momento actual, en el que todas las administraciones no tienen ninguna presión de rigor fiscal y, en muchos casos cuentan con superávit, no se puede entender que todavía se sufra morosidad por parte de las administraciones. Pedimos un esfuerzo de responsabilidad a todas las administraciones para que la deuda comercial se reduzca considerablemente”.
Plan especial para las deudas municipales
Aunque la situación es diametralmente diferente a la que se vivió en 2012, cuando se aprobaron los mecanismos extraordinarios de liquidez, el Gobierno sí que ha empezado a adoptar medidas para acelerar pagos a proveedores. En concreto, con las deudas de los ayuntamientos.
Según anunció recientemente el Ministerio de Hacienda, cumpliendo lo establecido ya en el proyecto de presupuestos, se ha puesto en marcha un mecanismo extraordinario que permitirá cancelar las deudas pendientes de los consistorios que sobrepasen de media el límite legal de 30 días para hacer frente a sus facturas. El plan está dotado con 2.000 millones de euros, una cantidad que ha sido calificada de insuficiente por algunas organizaciones empresariales.
En concreto, este plan está pensado especialmente para los 1.640 entes locales -y 670 entidades dependientes de los mismos- con índices de mayor morosidad del país, que verán saldadas las deudas previas al 1 de julio de 2021 a cambio de presentar planes de ajuste que les permitan estar al día con sus obligaciones.
Según los datos que maneja el Ministerio de Hacienda el periodo medio de pago a proveedores de los ayuntamientos se sitúa en 63,4 días. A pesar de la ligera mejoría en este indicador, sigue muy por encima de los límites que marca la legislación, de 30 días.
Los municipios y proveedores afectados tendrán hasta el 11 de febrero para remitir a Hacienda el listado de facturas pendientes a través de una plataforma informática. La información deberá detallar la identificación del proveedor, de las facturas, su importe y fecha. Los proveedores que no se vean reflejados en dicha lista deberán reclamar a la entidad correspondiente.
Desde Hacienda añadieron además, según recogió este diario el pasado día 25, que las entidades locales podrán financiar estos pagos mediante operaciones de endeudamiento con condiciones ventajosas que todavía tienen que concretarse.
Fuente: Expansión
