Madrid, 30 de septiembre de 2019. Salvador Ruiz Gallud, socio director del Área Fiscal de Equipo Económico, ha participado en la segunda edición de la “Tax Global Meeting”, una iniciativa que los pasados días 27 y 28 de octubre reunió en Cádiz a 30 expertos fiscales de grandes compañías, consultoras y la universidad. Organizado por José María Vallejo, director del Departamento Fiscal Corporativo del BBVA, y Federico Linares, presidente de Ernst & Young en España, contó con la colaboración de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz. Al encuentro también asistieron el director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Jesús Gascón, y la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, quien fue la encargada de clausurar el acto.
Durante dos jornadas de trabajo y bajo el lema “Debates sobre la incertidumbre fiscal: Su dimensión jurídica, financiera y de gobierno corporativo”, los fiscalistas presentes analizaron la problemática que genera la inseguridad jurídica en las empresas, obstaculizando inversiones de mayor calado, y creando problemas reputacionales y de gobierno corporativo.
También se examinaron las causas de la inseguridad que se sitúan en el proceso de creación de las normas tributarias, en especial cuando se elaboran sin contar con la opinión de empresas y, en general, contribuyentes, y además se gestan apresuradamente -así ha ocurrido con los reales decretos leyes de los últimos años-, con ánimo esencialmente recaudatorio.
La interpretación administrativa de las disposiciones tributarias también se apreció que está falta de mejor regulación y de resolución de problemas prácticos por falta de medios. Las consultas tributarias, a veces discutidas por los órganos de inspección, no alcanzan la total fiscalidad de las operaciones, que también debería comprender la valoración de las bases imponibles. Se trataría así de regular los acuerdos tributarios de valoración, al modo de los ruling existentes en otros países, que ya se encuentran en nuestro sistema, pero limitados a ciertos ámbitos de imposición.
También se consideró la necesidad de evitar determinadas actuaciones administrativas que responden únicamente a discrepancias de criterio con el contribuyente, y no a auténticas irregularidades tributarias. Se trata, finalmente, de equilibrar con mayor seguridad jurídica para las empresas las importantes obligaciones tributarias que se exigen a éstas, desarrollando para ello una auténtica relación cooperativa.
En la fase de resolución de conflictos entre Administración y contribuyente, además del problema de los tiempos excesivos de resolución, se comentó la posibilidad de habilitar una segunda instancia judicial, dada la actual limitación para la casación ante el Tribunal Supremo, y de buscar una mayor especialización tributaria de los órganos del ámbito contencioso.
Se trató finalmente de la labor de los asesores fiscales, tanto internos de las empresas, como externos, sobre los que pesa una muy importante responsabilidad y un excesivo cúmulo de obligaciones, que se acentuará con la inminente aplicación de la directiva conocida como “DAC 6”, sobre operaciones de riesgo. Se comentaron los códigos de buenas prácticas de los asesores, el problema de la ausencia en nuestro país de un estatuto del asesor fiscal y por tanto de regulación de la profesión, y los dilemas potenciales por falta de atención por la Administración a la obligación de secreto profesional.
