A las mil y una opiniones vertidas en el pasado sobre nuestro sistema de financiación autonómica se sumó en agosto el informe de la Comisión de Expertos (“la Comisión”) creada por el gobierno a comienzos de año.
Ahora que corresponde la revisión del sistema, confluyen a modo de tormenta perfecta el nuevo régimen del Cupo para el País Vasco, muy discutible técnicamente; la situación de Cataluña, de gestión compleja, incluidas sus finanzas; y en general las tensiones políticas asociadas a un gobierno sin mayoría parlamentaria. Por si fuera poco, nuestra financiación autonómica se estructura de manera retorcida y se negocia entre múltiples stakeholders. Además se encuentra anclada en oscuras decisiones históricas cuyo sentido se pierde en el albor de los tiempos. Nos recuerda así a una de las ciudades invisibles de Italo Calvino, que sus habitantes se ven obligados a abandonar cuando las relaciones personales entre ellos alcanzan tal complicación que se hacen inmanejables.
Por resumir, todas las comunidades autónomas reclaman mayores niveles de financiación mediante el aumento de los porcentajes de imposición compartida por el Estado ?calculados sobre el IRPF, el IVA o los Impuestos Especiales?; y las más perjudicadas por el sistema, como la Comunidad Valenciana o Murcia, una revisión integral de sus mimbres. Pero, más allá, algunas de las receptoras netas de fondos demandan sin empacho la subida de impuestos en los territorios de mayor renta, eso sí, sin compromiso alguno de rendir cuentas por la gestión de fondos ajenos. Además, la cuestión catalana ha llevado a algunos dirigentes políticos de ese territorio a solicitar una gestión tributaria colegiada con el Estado, en un modelo de consorcio; aunque no merezca demasiado crédito en cuanto a sus posibilidades de éxito, esa pauta organizativa, quizá replicable en otras comunidades, originaría problemas diversos de falta de eficacia y eficiencia, y compartimentación y bloqueo de decisiones tributarias sensibles. Por otra parte, algunas de las comunidades más favorecidas piden ?también Cataluña?, en este caso entendemos que muy razonablemente, el respeto a la ordinalidad; esto es, reclaman que en el juego de redistribución de recursos, no se acaben encontrando con menor financiación por habitante que los territorios receptores netos de sus fondos.
En esta encrucijada, quizá lo más prudente es tratar de solventar con criterio técnico los diferentes ámbitos de decisión de gasto e ingreso, para luego engarzarlos en un sistema coherente. En general, los expertos de la Comisión propugnan acertadamente la necesidad de simplificar la estructura del sistema de financiación autonómica y dotarla de transparencia. Y nosotros que lo veamos.
Si en particular nos referimos a la imposición patrimonial, es difícil de explicar que subsista en España el Impuesto sobre el Patrimonio, caduco por concepto ?constituye una segunda imposición sobre la renta ahorrada?, y ya expulsado por ello de casi todos los ordenamientos de nuestro entorno. A pesar de ello, a criterio –en este caso de tinte político? de la Comisión, es muy probable el mantenimiento a futuro de dicho impuesto, si bien su carga tributaria efectiva quedaría, como ahora, a decisión de cada comunidad.
En cambio, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) parece inmediato el establecimiento de un suelo mínimo de tributación para todas las comunidades autónomas, con tipos a partir del 4% o 5% del valor heredado para los parientes más próximos del causante, hasta el 10%-11% para colaterales de cuarto grado o superior y herederos sin parentesco. El cambio normativo elevaría el impuesto en algunos territorios, como Madrid, lo que debe tenerse en cuenta para la formulación de las decisiones de planificación patrimonial.
Sin embargo, no parece posible que el nuevo sistema de financiación se apruebe en su caso hasta ya entrado 2018, tras una negociación compleja, de resultado incierto. Y no se entendería que se anticipara un cambio al alza en el ISD al margen del resto de elementos del sistema, cuando comunidades como Madrid se muestran abiertamente en contra. A su vez, la financiación autonómica condiciona la formulación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Por tanto, cabría pensar en una aprobación conjunta de todos los cambios normativos pendientes, a cuya celeridad podría contribuir el contexto económico de intenso crecimiento que vivimos.
Para finalizar, y también en el marco de la imposición patrimonial, no puede menos que sugerirse el adelanto de las operaciones de transmisión inmobiliaria cuando ello sea factible, ante la inminente reforma del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Sí, al alza.
Salvador Ruiz Gallud
Socio Director, Equipo Económico
