El Tribunal Supremo ratifica que el plazo de prescripción para exigir el pago a los responsables solidarios solo puede interrumpirse si ya han sido formalmente declarados responsables. Se rechaza la práctica de la Administración de considerar que los actos de cobro dirigidos al deudor principal afectan a los responsables solidarios. Esta sentencia consolida la doctrina sobre prescripción tributaria y refuerza la protección de los contribuyentes frente a interpretaciones expansivas de la normativa. La decisión anula el acuerdo de derivación de responsabilidad al considerar que la acción de la AEAT estaba prescrita.
