La geopolítica está redefiniendo la economía global en un mundo tripolar, centrado en EEUU, China y el papel cada vez más preponderante que ejercen las compañías transnacionales tecnológicas. Y lo hace en paralelo con otras transformaciones en curso, como son la mayor intervención y presencia del Estado en la economía, el cambio climático, la revolución digital y de la IA y el envejecimiento de la población. Esta creciente importancia de la geopolítica se refleja en el ámbito corporativo, ocupando un lugar muy destacado en los debates y decisiones estratégicas de los Consejos de Administración de las empresas.
El conjunto de las citadas transformaciones globales ofrece múltiples oportunidades asociadas, por ejemplo, a las nuevas inversiones de la mano de fenómenos como el de-risking y el friendshoring, al resurgimiento de una política industrial activa, a la transición energética y a las necesidades de una población envejecida. Pero también plantean riesgos de gran calado para los sectores económicos, siendo los más visibles los asociados a las guerras en curso, y también las presiones inflacionistas, el mayor coste del capital, el incremento de la volatilidad financiera o la introducción de trabas al comercio y la inversión. De forma que la actual era de volatilidad exige integrar capacidades de predicción, flexibilidad y resiliencia.
En este escenario, las previsiones de los principales organismos internacionales apuntan a un crecimiento mundial moderado durante este año 2025, con la balanza de riesgos inclinada a la baja. Mientras tanto, las tasas de desempleo se sitúan en mínimos históricos. Y ante la menor inflación, los principales bancos centrales avanzan en la senda de reducción de los tipos de interés, concentrándose así nuevamente la atención en la sostenibilidad de las cuentas públicas y el papel de la política fiscal.
Y con este complejo panorama internacional, en una Unión Europea que se está viendo particularmente afectada por las transformaciones globales, la economía española habrá crecido en 2024 claramente por encima del resto de las grandes economías de la Eurozona. Y estimamos que volverá a hacerlo este año. En Equipo Económico (Ee) hemos elevado nuestra previsión de crecimiento del PIB español para 2025 hasta cerca del 3%.
Esta revisión se explica fundamentalmente por la positiva evolución esperada del consumo, tanto por las elevadas tasas de crecimiento del consumo público, como por la creciente aportación del consumo privado, de la mano de la creación de empleo y ahora también de la recuperación de las rentas reales, en un contexto de menor inflación y tipos de interés a la baja.
Hace ya más de una década, la economía española consiguió dejar atrás la crisis de deuda soberana europea gracias a las profundas transformaciones puestas en marcha en los ámbitos financiero, laboral y fiscal. Añadió así elementos relevantes de calidad a la sostenibilidad de su crecimiento y que la han hecho atractiva para la inversión exterior: la competitividad actual de su sector exterior se refleja en un superávit por cuenta corriente, que se habrá situado cerca de los 50 mil millones en 2024, frente al déficit de más de 100 mil millones de euros que registraba en 2007. Un sector exterior diversificado donde las exportaciones de servicios no turísticos superan ya incluso a las turísticas.
En contraste, en estos últimos años de recuperación post covid-19, el crecimiento está justificado más en la cantidad que en la calidad. En primer lugar, por los flujos importantes de recepción de inmigrantes, que habrán copado en torno al 40% de los nuevos empleos en 2024, con el consiguiente aumento de la población e impulso del consumo doméstico. En segundo lugar, por la fuerza del turismo, de forma que el gasto de los turistas internacionales en España habrá supuesto ya en 2024 una población adicional equivalente en términos de consumo de más de 9,3 millones de personas, según nuestras estimaciones. Y, en tercer lugar, por el fuerte crecimiento del gasto público, que se justificó adecuadamente en un inicio para hacer frente a la pandemia y que, lejos de ser extraordinario y temporal, se ha consolidado en un techo de gasto de prácticamente 200 mil millones de euros en 2024 frente a los 127 mil millones de euros de 2019.
Este dinamismo así justificado, aun generando un crecimiento destacado, del 3%, no incorpora los elementos de calidad necesarios para avanzar en la convergencia en términos de renta per cápita con la Unión Europea, habiéndose incluso estancado; siendo además que esta última continúa en un lento declinar respecto a otras zonas del mundo, como EEUU y frente al desaİo de emergentes, como China.
Esta falta de calidad del crecimiento y sus implicaciones en términos de nula convergencia con Europa se justifica por una serie de importantes desequilibrios estructurales. Entre los factores que contribuyen a esta brecha destaca la baja productividad de la economía española derivada de los menores niveles de inversión, que medida en términos de Formación Bruta de Capital Fijo (FBC) lleva más de una década situándose muy por debajo de la media europea, y ello a pesar del progresivo papel que deberían estar jugando los fondos NGEU. Así como los elevados niveles de paro presentes en España, que prácticamente doblan la media europea. Mientras que las políticas adoptadas en los últimos años intensifican otros problemas como la falta de acceso a la vivienda, generando un importante cuello de botella para el desarrollo económico, y el desequilibrio intergeneracional, al favorecer más estas políticas a nuestros mayores que a nuestros jóvenes. Y con unos elevados niveles de deuda pública, que reducen el margen de maniobra fiscal para hacer frente a los retos y riesgos descritos.
Y es que con decisiones no adecuadas de política económica, reforzadas por la inestabilidad e incapacidad para articular mayorías parlamentarias sobre criterios económicos sólidos, propiciamos este crecimiento económico en el corto plazo pero sacrificamos la calidad y el crecimiento de largo plazo. Estas medidas, que reducen la necesaria flexibilidad e incrementan los costes operativos y regulatorios, fuerzan a muchas empresas a reestructurarse, reconsiderar sus planes de inversión, reducir plantillas o incluso cerrar, comprometiendo la sostenibilidad del tejido productivo, con un impacto negativo a largo plazo en la competitividad del país.
Frente a la necesaria búsqueda de una mayor eficiencia en el gasto, y a pesar de la subida encubierta y generalizada de impuestos que implica la falta de actualización de la tarifa en el IRPF a la inflación, se aprueban unas nuevas medidas fiscales cuyo objetivo es seguir aumentando los ingresos y la presión fiscal: introduciendo de forma arbitraria una doble imposición en algunos ámbitos y en contra de la seguridad jurídica, convirtiendo en permanentes impuestos a determinados sectores que, en su momento, se presentaron como temporales, o generando incertidumbre con anuncios de cambios fiscales para sectores atractivos para la inversión extranjera. Otro ejemplo, en el ámbito laboral, con el incremento continuo de las 3 cargas sociales y de los costes laborales para la empresa, con la incertidumbre generada en torno a posibles cambios en la jornada laboral o respecto de otros aspectos de la regulación de los contratos, que frenan la inversión y la creación de empleo. Un último ejemplo, en esta misma línea, es la propuesta relativa a la reforma de la financiación para Cataluña y a la condonación de la deuda autonómica, en claro detrimento de la unidad de mercado y de la capacidad fiscal del conjunto del Estado y las Comunidades Autónomas y con un impacto muy desincentivador y perverso para las Comunidades y Ayuntamientos que cumplen con sus compromisos.
Mejorar la calidad de nuestro crecimiento precisa de políticas con visión de largo plazo. Esto implica reforzar el papel de nuestras instituciones, claves para el desarrollo, así como impulsar reformas estructurales en aras de la competitividad y productividad, que apuesten por la inversión en FBC, educación, I+D e incidiendo en reforzar recursos esenciales (humanos, energéticos, tecnológicos, agua). Y aunque en el corto plazo, de nuevo, la falta de unos presupuestos no parezca aparentemente afectar a la gestión ordinaria, la incapacidad y la incertidumbre que introducen no es una buena señal para nuestros inversores. Fundamentalmente porque retrasa los ajustes y reformas necesarias que se articulan alrededor de unos presupuestos. Reformas que han de estar bien fundamentadas y priorizadas, transparentes, resultar coherentes y, como subrayó recientemente Mario Draghi en su informe sobre Europa, potencien la búsqueda de un crecimiento sostenible y de calidad, sustentado en la inversión y en las mejoras de productividad.
Presidente Ejecutivo de Equipo Económico.
Fuente: El Confidencial
