Madrid, 29 de marzo de 2017. Manuel de Vicente-Tutor Rodríguez, socio-director de Equipo Económico, pronunció ayer una conferencia en la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo de la Universidad de Alcalá titulada “Justificación e impacto de la fiscalidad medioambiental en la Unión Europea y España. Situación actual y propuestas de reforma”, encuadrada en el ciclo de seminarios que forman parte de los programas Máster y Doctorado.
La ponencia estuvo dedicada a analizar el panorama de la fiscalidad medioambiental en España, que pivota sobre tres apoyos principales: las líneas maestras de una política medioambiental europea, la puesta en marcha de dichas líneas a nivel nacional utilizando las medidas fiscales, tanto incentivadoras como disuasorias, y el establecimiento de vías de financiación estables a través de tributos. En el caso español, la desagregación y superposición de ámbitos competenciales a nivel estatal, autonómico y local constituye un factor de especial complejidad y que dificulta alcanzar un marco homogéneo y razonablemente coherente.
Manuel de Vicente-Tutor también hizo referencia a la desigual distribución de la carga tributaria, ya que si bien a nivel macroeconómico la recaudación global de los nuevos impuestos medioambientales es relativamente modesta, se obtiene por lo general a través de un reducido número de empresas, que se ven sometidas a costes de cumplimiento, tanto directo como indirecto, de importancia y a un más que apreciable riesgo fiscal adicional.
Los próximos cambios normativos, afirmó Manuel de Vicente-Tutor, afectarán a la reordenación de la fiscalidad medioambiental, en el nuevo marco que ofrezca el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas. Esta futura reforma de la fiscalidad verde debe atender a avanzar en la adecuada coordinación interterritorial para evitar las distorsiones competenciales que está provocando en el desarrollo de la actividad económica la proliferación de figuras tributarias por parte de comunidades autónomas y ayuntamientos. Además, señaló que, la reforma deberá ser respetuosa con los límites constitucionales -evitando la doble imposición- y con la normativa comunitaria -en especial, con el régimen de ayudas de Estado-, debiendo cubrir los tributos auténticos fines de protección del medioambiente.
