En la situación actual de tipos de interés históricamente bajos, que se extiende ya durante más de siete años, y de forma particular en una zona monetaria única como la del Euro, la política fiscal es clave en el establecimiento de un marco que promueva el crecimiento y la creación de empleo. No sólo por su relevancia desde el punto de vista de la eficiencia y la estabilidad macroeconómica, sino también con un enfoque más microeconómico, para poder responder a los desafíos sociales y competitivos que impone la globalización, atendiendo a aquellos grupos de población que más han sufrido la crisis e impulsando de forma consensuada necesarias políticas horizontales, en favor por ejemplo de la educación y la I+D+i, y también políticas sectoriales con fuerza tractora en el resto de la economía.
La economía española presenta en los últimos años un crecimiento económico diferencial muy positivo respecto a Europa. Así ha sido también a cierre de 2016 con un incremento del PIB del 3,2% frente al 1,7% de la zona euro, que habría sido mayor sin incertidumbre en la política española, y que ha permitido que nuestra economía recupere su nivel de PIB anterior a la crisis. Será muy previsiblemente también el caso en 2017, con un crecimiento que desde Equipo Económico hemos estimado ya desde el pasado mes de diciembre del 2.7%. Además, España se sitúa también al frente de la zona euro en creación de empleo e impulso de las exportaciones, duplicando de nuevo las tasas medias europeas.
Se pone así de manifiesto que son las reformas estructurales acometidas, y no el contexto internacional favorable de años pasados, común al conjunto de países europeos, las responsables de este crecimiento económico diferencial. Entre ellas destacan tres por su importancia y positivo impacto en nuestra economía: la reforma del mercado laboral, del sector financiero y la consolidación del marco presupuestario y las cuentas públicas. Y también en este sentido y, nuevamente, en comparación con nuestros socios europeos, el manejo de la política fiscal ha jugado un papel relevante y diferencial, y ha sabido hacer frente y adaptarse en los últimos cinco años a dos situaciones muy diferentes.
El año 2012 y la primera parte del 2013 fueron críticos para la economía española, dentro del contexto de la crisis de deuda soberana europea e incluso con la puesta en cuestión del Euro; entonces el diferencial de la prima de riesgo era noticia cada día, en máximos de 650 puntos. Urgía recuperar la credibilidad y la confianza de los mercados y los agentes económicos en el futuro de nuestra economía, a través de un compromiso inequívoco con el saneamiento de las cuentas públicas. La respuesta fue una política fiscal restrictiva, con un esfuerzo fiscal primario, como ha señalado reiteradamente el Fondo Monetario Internacional, superior a cinco puntos porcentuales de PIB en ese periodo de tiempo, y también una reforma contundente de la institución presupuestaria, especialmente en lo referido a las administraciones territoriales. Pero al mismo tiempo se pusieron en marcha mecanismos novedosos que facilitaron una extraordinaria inyección de liquidez para el pago a proveedores en las CCAA y CCLL, que han jugado un papel muy relevante, dado que llegaron directamente a la economía real en un momento de fuerte restricción crediticia del sector financiero español. También permitieron un salto cualitativo en la exigencia de condicionalidad en materia de saneamiento y transparencia de las cuentas de esas mismas administraciones. Así, entre 2012 y 2016 los mecanismos de pago a proveedores han sumado 84.990 millones de euros del total de 221.800 millones destinados a aportar liquidez a las administraciones territoriales (además de pago a proveedores, amortizaciones de deuda e intereses y otros mecanismos extraordinarios relacionados con el sistema de financiación ordinaria).
La ganancia de credibilidad en la política económica permitió la estabilización de los principales fundamentos económicos: la fuerte corrección de la cuenta corriente, que ha pasado de un déficit del 10% del PIB en 2007 al superávit actual de 2 puntos del PIB; la recuperación de la inversión extranjera frente a la salida de capitales, que según reflejó la cuenta financiera superó los 80.000 millones de euros entre 2011 y 2012; la estabilización de nuestro endeudamiento frente al exterior, al mismo tiempo que se producía un importante incremento de la competitividad y de las exportaciones, a lo que contribuyó de forma decisiva la caída de los costes laborales unitarios; y la progresiva reducción del endeudamiento privado.
Con la recuperación de la credibilidad y los equilibrios macroeconómicos, el crecimiento y la respuesta positiva y elástica de la creación de empleo, ha sido posible durante estos tres últimos años diseñar una política fiscal comprometida con la reducción continua del déficit público y con el cumplimiento de los compromisos europeos, pero a un ritmo acomodado a las necesidades de la protección social, la recuperación de la confianza y la positiva evolución de la economía. A efectos prácticos se ha traducido en el respeto a las reglas del techo de gasto, que permiten un incremento del gasto nominal por debajo del crecimiento del PIB, de forma que, cumpliendo los ingresos con la senda prevista, continúe la progresiva disminución del déficit público en términos de porcentaje de PIB.
De esta forma y en este último periodo, España ha implementado su política económica revindicando el papel de la política fiscal como herramienta de estabilización económica en un contexto de tipos de interés cercanos a cero o incluso negativos, aportación muy relevante del debate académico internacional de estos años pasados. Así, economistas de prestigio como Alan Blinder, Christopher Sims y Jason Furman, y también posteriormente las principales instituciones internacionales como el FMI y la OCDE, han puesto de manifiesto los beneficios de llevar a cabo, de manera coordinada, políticas fiscales acomodaticias. Esta tesis ha ganado fuerza una vez que, en la mayoría de los países desarrollados, la política monetaria habría alcanzado su límite para fomentar la demanda agregada y el crecimiento de los precios.
Para los países que están todavía inmersos dentro del procedimiento europeo de déficit excesivo, como es el caso de España, no se trataba de pedir un mayor desajuste en sus cuentas públicas, sino que el debate, de hecho, se ha traducido ya en una senda de ajuste del déficit acompasada. De esta forma la política fiscal española ha estado más cerca de las tesis que las principales instituciones económicas internacionales y los bancos centrales anglosajones han defendido en Jackson Hole, que de la letra pequeña de los informes de Bruselas. Se ha continuado con la consolidación, pero a menor ritmo que el planteado inicialmente, buscando acompañar el crecimiento y la creación de empleo. De hecho, se han publicado ya diversos estudios que estiman que el mayor margen fiscal, frente a los objetivos iniciales, habría sumado ya medio punto de PIB tanto en 2015 como en 2016.
Cabe preguntarse ahora qué papel ha de jugar la política fiscal en la economía española en los próximos años. En primer lugar y desde una perspectiva macroeconómica, el objetivo debe ser asegurar la obtención del superávit primario en 2018 en aras de la sostenibilidad de las cuentas públicas, y en particular de la deuda pública, en el contexto de futuras subidas de los tipos de interés ante el repunte de la inflación y del envejecimiento de la población. El fuerte crecimiento del PIB nominal, con un gasto nominal contenido por las reglas fiscales, va a apoyar la reducción del déficit y la deuda pública en los próximos trimestres. El control del gasto improductivo ha de jugar un papel esencial.
De esta forma se podría compatibilizar, en segundo lugar y con un enfoque más microeconómico, con una política fiscal incentivadora de la actividad económica. A través de un mayor margen de actuación en los estabilizadores automáticos, mejor diseñados y que sean capaces de responder a los desafíos que impone la globalización, particularmente relevantes y sensibles para aquellos colectivos que más han sufrido la crisis. Y ello también mediante el impulso a necesarias y consensuadas políticas horizontales que sigan generando ganancias de competitividad, como son la educación, las políticas de I+D+i y las políticas activas de empleo.
Y también, como hemos visto en estos últimos años, con ejemplos tan dispares como el impulso a la recuperación del sector inmobiliario con las SOCIMIS y también al automóvil con los programas PIVE, la política fiscal debe disponer de cierto margen para la dinamización sectorial y su impacto positivo en nuestra economía. En un contexto de fuerte globalización, gran competencia internacional de sectores y empresas, también de países y ciudades por atraer negocios, emprendedores y talento, la política fiscal puede y debe ser un instrumento muy relevante de nuestra estrategia industrial y de productividad para generar crecimiento y distribuirlo por todo nuestro territorio y nuestro tejido empresarial. En un momento además en que la relativa estabilidad española vuelve a contar como factor positivo dentro de Europa.
Ricardo Martínez Rico
Presidente de Equipo Económico.
Fuente: El Confidencial
