Madrid, 19 de abril de 2022. Equipo Económico y la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), con la colaboración de la Cámara de Comercio de Madrid, han organizado una jornada para analizar en profundidad las novedades del Proyecto de Reforma Concursal que afectan a la empresa, dentro de un difícil contexto marcado por crisis sanitaria del COVID y la invasión de Ucrania. El acto ha sido presentado por José Antonio Álvarez López, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros de CEIM, y moderado por Francisco Piedras Camacho, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Fiscales de CEIM y socio director de Equipo Económico.
Igualmente han ofrecido su visión sobre el proyecto de ley Andrés Sánchez Magro, magistrado titular del Juzgado número 2 de lo Mercantil de Madrid; Jaime Fuster Rufilanchas, socio director de Fuster Partners Asesores (FPA); Daniel Jiménez, socio director de SLJ Abogados; y Salvador Ruiz Gallud y Manuel de Vicente Tutor, socios de Equipo Económico y Global Administradores Concursales.
El proyecto de Ley de Reforma Concursal es una transposición de la Directiva Comunitaria 2019/1023 aprobada por el Parlamento Europeo el 20 de junio de 2019, que comenzó a ser tramitado por el Parlamento en enero y podría ser aprobado el próximo mes de junio, coincidiendo con el fin previsto de la moratoria. Su espíritu es contribuir a la viabilidad de las empresas que sufren problemas de solvencia o de liquidez, mediante el establecimiento de procedimientos más ágiles y menos costosos, tanto en la fase concursal como en la preconcursal. Asimismo, contempla un procedimiento específico para pymes, cuya tramitación será especialmente simplificada.
Los tres socios directores de Equipo Económico coinciden en valorar positivamente los objetivos del proyecto de ley, que introduce cambios relevantes en el actual sistema concursal, de procedimientos complejos, largos y costosos, y con un uso muy limitado del acuerdo extrajudicial. El nuevo procedimiento para microempresas será aplicable, de acuerdo con el criterio comunitario, a empresas de menos de diez trabajadores y con cifra de negocios o pasivo inferior a 2 millones de euros, que suponen el 94% del total de empresas y generan el 32% del empleo en España.
Entre los aspectos más relevantes de la reforma, señalan los ponentes la posibilidad de iniciar dos años antes el proceso preconcursal en caso de insolvencia probable, la creación de la figura del experto en reestructuraciones, y la venta de los activos de empresas en concurso a través de una plataforma pública.
Pero no todo son luces, porque los expertos también han identificado carencias en el proyecto de ley, que deberán ser resueltas en la actual fase de tramitación parlamentaria. Una de las principales es el tratamiento del crédito público con un criterio excesivamente protector.
Para más información pueden contactar con el área de comunicación de Equipo Económico:
Antonio Polo
