La polémica sobre la amnistía fiscal sigue viva seis años después. Aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insistió cuando estaba en la oposición en que publicaría los nombres de los defraudadores que se acogieron al procedimiento de regularización extraordinaria, lo cierto es que ahora no puede hacerlo. Así lo ha reconocido este martes en el Congreso de los Diputados.
Sánchez ha justificado que la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el año pasado, anulaba el indulto fiscal pero no sus consencuencias por no tener efectos retroactivos sobre las regularizaciones. Sánchez ha anunciado desde la tribuna de la Cámara Baja una reforma legal para «prohibir futuras amnistías fiscales». Se trata de una iniciativa que ya anunció el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, hace un año, en una sesión parlamentaria en la que pidió perdón por la polémica medida.
Las declaraciones están prescritas
Los expertos coinciden en la dificultad jurídica de publicar ahora los nombres de los contribuyentes que se acogieron a la amnistía. Miguel Pérez de Ayala, abogado y experto tributario, explica que «se trata de una información privada, protegida por el artículo 95 de la Ley General Tributaria que establece el carácter reservado de los datos tributarios». Pérez de Ayala precisa que si se quería publicar los nombres se podía haber especificado cuando se aprobó la declaración tributaria especial (DTE), «pero cinco años después no tiene ningún sentido, ni posibilidad por la irretroactividad». Este experto fiscalista afirma: «No entiendo cual sería ahora el efecto de publicar unas declaraciones que están completamente prescritas desde noviembre de 2016».
La Constitución señala en el artículo 9.3: «Se garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos». Precisamente ese es el artículo al que alude el Tribunal Constitucional para establecer en «una sentencia durísima» que las declaraciones «no pueden ser revisadas».
Salvador Ruiz Gallud, especialista tributario del despacho Equipo Económico, sostiene que «en su momento se establecieron unas reglas del juego determinadas. Publicar la lista supone romper esas reglas». Ruiz Gallud, que fue director general de la Agencia Tributaria, remarca que «la confidencialidad de la información tributaria es algo fundamental en la política tributaria. No concibo que se pueda difundir información confidencial de los contribuyentes».
Este experto recuerdae que cualquier caso tributario que llegue a los tribunales termina haciéndose público. Aunque rechaza la amnistía, Ruiz Gallud sostiene que tiene que haber una salida fiscal para el contribuyente que se ha equivocado o ha cometido una irregularidad. Los contribuyentes ya hacen regularizaciones voluntarias. «Si se publica es un incentivo negativo».
Atenta contra la seguridad jurídica
Tomás Lamarca, socio de la firma Lean abogados, recuerda que el decreto 12/2012, que regulaba la norma ya establecía la confidencialidad de los datos. «Cambiarlo ahora provocaría inseguridad jurídica y atentaría contra el principio de confianza legítica con la Administración», explica este especialista tributario. «Este principio deriva de los postulados constitucionales de seguridad jurídica, respecto al acto propio y buena fe, y busca proteger al administrado frente a las modificaciones intempestivas que adopte la Administración», recalca Lamarca.
Pedro Sánchez ha reconocido en el Congreos que no puede publicar los nombres a pesar de que defendió durante meses su publicidad. Ha defendido que este proceso fue «un fracaso moral y también desde el punto de vista recaudatorio». Ha recordado, además, que fue el PSOE el que recurrió la medida ante el Tribunal Constitucional. Durante su intervención parlamentaria ha manifestado: «Desgraciadamente no es posible revisar los casos que se acogieron a dicha amnistía fiscal. Desafortunadamente no podemos modificar un pasado ya sentenciado, ya me gustaría, créanme, pero podemos evitar que se produzcan nuevas amnistías fiscales».
En ese punto, Sánchez ha anunciado un anteproyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal para perseguir a los grandes defraudadores, incluir a los responsables solidarios en los casos de evasión, actualizar la lista de paraísos fiscales y prohibir futuras amnistías fiscales. «Un Estado del bienestar de primera requiere un sistema fiscal de primera y no de tercera», ha zanjado.
Una medida controvertida
La amnistía fiscal fue una de las medidas más polémicas del anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy. Nada más alcalzar el poder en 2012, el PP aprobó una amnistía fiscal al objeto de ingresar unos 2.500 millones de euros. España atravesaba entonces el peor momento de la crisis y los mercados financieros lanzaban dentelladas contra la deuda soberana. El Ejecutivo de Rajoy se debatía sobre pedir el rescate. La Declaración Tributaria Especial (DTE), como bautizaron eufemisticamente a la amnistía, permitía legalizar el dinero negro, mucho oculto en otros países, a cambio de pagar solamente un 10%.
Durante el proceso surgieron dudas respecto a la garantía que tendrían los defraudadores para que no se les persiguiera y Hacienda emitió un dictamen garantizándoles inmunidad si se acogían a la regularización voluntaria. Además, limitó el pago del tributo a los últimos cuatro años no prescritos. Estos provocó que, por ejemplo, pagando solamente un 3% se pudiera blanquear todo el dinero que un evasor tenía en Suiza.
Un fracaso pese a los incentivos
Aunque se presentaron 31.500 declaraciones del modelo 750, el que sirvió para regular la amnistía, apenas se ingresó 1.200 millones, la mitad de lo previsto. El anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, terminó pidiendo perdón en repetidas ocasiones en el Congreso por haber aprobado la medida. Y aunque aseguraba que sirvió para conocer muchos datos tributarios de contribuyentes con alto riesgo de defraudar reconoció que fue un error.
Finalmente el Tribunal Constitucional declaró nula la amnistía fiscal el año pasado. La sentencia consideró que el decreto ley por el que se aprobó el indulto fiscal era inconstitucional ya que no era el vehículo adecuado para aprobar esta medida, que legitimó el fraude.
Fuente: El País
