Madrid, 19 de marzo de 2025. La aplicación de la nueva Ley 7/22 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que adapta la normativa española a las directivas europeas sobre reciclaje y sostenibilidad, ha generado una enorme incertidumbre y preocupación en la mayor parte de los sectores económicos del país por el incremento de costes que supondrá para muchos de ellos.
Antes del próximo 10 de abril los ayuntamientos deberán de aprobar el establecimiento de una nueva tasa o prestación patrimonial pública no tributaria y no deficitaria para financiar las operaciones de recogida, gestión y tratamiento de residuos, y que refleje el coste real de dicho servicio público.
Para debatir y profundizar en este tema de gran calado económico y social, la Confederación Empresarial Madrid-CEOE (CEIM) y Equipo Económico han organizado hoy en Madrid una jornada titulada “La nueva tasa municipal de residuos: situación y vías de actuación”, cuyo principal objetivo ha sido dar a conocer el grado de implantación de la tasa, su impacto en las empresas y las distintas vías de actuación ante la misma.
La jornada ha sido presentada por Francisco Piedras Camacho, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros de CEIM y socio director de Equipo Económico , y ha contado con la intervención de Pablo Chico de la Cámara, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Rey Juan Carlos, y de Manuel de Vicente-Tutor, socio director del Área Fiscal y Regulatoria de Equipo Económico.
Manuel de Vicente-Tutor, tras mostrarse contrario a la aplicación de la nueva tasa por ser “innecesaria”, dada la situación financiera saneada del conjunto de las Entidades Locales, ha comenzado su intervención citando los antecedentes de la nueva ley y recordando que la cuota a pagar tendrá un componente fijo y uno variable, que dependerá de la cantidad de residuos generados, lo que obligará a los ayuntamientos a modificar su método de cálculo. Ha estimado que la recaudación de la tasa aportará a las arcas de los ayuntamientos cerca de 3.800 millones de euros, convirtiéndose en la segunda más relevante , y tendrá un impacto medio entre 167 y 205 euros anuales por hogar y un impacto muy superior para las empresas.
Las dos vías para impugnar la tasa se ciñen a la impugnación directa contra la ordenanza fiscal y la impugnación indirecta contra la liquidación, aunque la adopción de ambas es compatible. El socio de Equipo Económico ha recordado que contra las ordenanzas fiscales solo cabe interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma correspondiente y en el plazo de dos meses a partir de la publicación de la ordenanza fiscal en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial.
En cuanto a la impugnación indirecta, Manuel de Vicente -Tutor ha recordado que el plazo para recurrir las liquidaciones administrativas es de un mes desde que se notifiquen . Es un plazo preclusivo, de modo que si no se recurren en plazo devienen en firmes y no podrá instarse su devolución, aunque posteriormente pudiera anularse la correspondiente ordenanza fiscal.
Antes de concluir su intervención, Manuel de Vicente-Tutor ha puesto énfasis en un elemento tributario crucial: el informe técnico económico que requiere la aprobación de todas las ordenanzas fiscales. “Ese informe técnico económico -ha reflexionado- debe de ser elaborado por expertos que, en principio, deben de tener la cualificación técnica necesaria. En ese informe deberán de establecerse las fórmulas concretas para comprobar la eficiencia de los costes de reciclado que se pretenden financiar con el establecimiento de la tasa de residuos. Quiero llamar la atención sobre la relevancia práctica que tiene en el control de legalidad el análisis técnico económico , porque en el mismo debe de estar la información necesaria para que el correspondiente tribunal de justicia pueda también realizar un análisis de legalidad”.
Francisco Piedras ha clausurado la jornada concluyendo que “la nueva tasa ni era necesaria ni se ha establecido adecuadamente”, por lo que desde CEIM se trabajará para tratar de atenuar su impacto sobre las empresas madrileñas.
