Madrid, 30 de noviembre 2016. Dentro del marco del CONAMA-2016, el Consejo General de Colegios de Economistas de España organizó ayer en Madrid una mesa redonda para debatir sobre “La política de medio ambiente y la fiscalidad ambiental en la Unión Europea”, en la que intervino como ponente Manuel de Vicente-Tutor, socio director de Equipo Económico (EE). El responsable del área Fiscal y Regulatoria del despacho presentó una ponencia titulada “La situación actual de la fiscalidad en España y en la Unión Europea. Situación actual y propuestas”, en la que destacó el papel cada vez más relevante que está jugando la fiscalidad medioambiental en los países miembros de la OCDE, tanto por el número de impuestos aplicables como por la cada vez mayor capacidad recaudatoria de estas figuras.
España, recordó, es el sexto país de la Unión Europea en el que menos peso recaudatorio tienen los impuestos medioambientales sobre el total de ingresos, aunque paradójicamente es uno de los Estados miembros que aplica un mayor número de tributos, con un nivel de descentralización y desconcentración muy acusado. Así, el volumen recaudatorio en nuestro país ascendió a 19.251 millones de euros en 2014 (el 5,5 por ciento del total de impuestos fiscales incluidas las cotizaciones sociales), cuando en el conjunto de la Unión Europea alcanzó durante el mismo periodo comparado los 343.600 millones, el equivalente al 6,3 por ciento de la recaudación fiscal total.
Las Comunidades Autónomas, a través de figuras tributarias propias y cedidas, aglutinan la mayor parte de la fiscalidad ambiental, con una finalidad más recaudatoria que de protección al medio ambiente. Así, por ejemplo, gravan la contaminación de segundo orden (protección del paisaje) o las actividades contaminantes realizadas por empresas cuyo objeto es la producción o distribución de energía eléctrica. Sin embargo, no contemplan exenciones o bonificaciones en función de la capacidad contaminante, lo que demuestra que el objetivo final no es otro que el de obtener más ingresos.
Con el fin de corregir estos desequilibrios, Manuel de Vicente-Tutor se mostró partidario de “avanzar en la adecuada coordinación interterritorial para evitar las distorsiones competenciales que comienzan a apreciarse, bien mediante el establecimiento de normas estatales de carácter básico, bien mediante la coordinación normativa en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera”. Asimismo, destacó que la reforma de la fiscalidad verde “deberá de ser respetuosa con los límites constitucionales (evitando la doble imposición) y con la normativa comunitaria (en especial con el régimen de ayudas de Estado), debiendo cubrir los tributos auténticos fines de protección al medio ambiente”.
