El inicio en julio de las negociaciones para el establecimiento entre Estados Unidos y la Unión Europea de la mayor área mundial de libre comercio e inversiones supone el impulso más importante a las relaciones económicas transatlánticas desde el Plan Marshall. El objetivo es doble. En el ámbito interno, que el aumento de la competitividad derivado del incremento del comercio y de las inversiones tenga como consecuencia la creación de empleos y el crecimiento económico. Frente al empuje de los mercados emergentes, el objetivo externo es la promoción de estándares mundiales consistentes con las mejores prácticas transatlánticas. No se trata solo de un tratado de libre comercio, ni de un acuerdo transatlántico, como es frecuentemente traducido el término inglés “transatlantic partnership”, sino del establecimiento de una asociación de alcance más amplio, fundamentalmente en el área reguladora. Y en este terreno, más que armonizar las legislaciones, se busca hacer lo posible para que no haya obstáculos innecesarios, que no siempre están justificados en aras de una mayor seguridad. Su filosofía al respecto va en la misma línea que la Ley de Unidad de Mercado recientemente aprobada en España.
La economía española sería una de las más beneficiadas por la consecución de esta asociación, según la Fundación Bertelsmann. La renta crecería entre el 0,3%, si solo se llegase a un acuerdo de reducción arancelaria, y el 6,5% si se lograse un ambicioso programa de reducción de barreras no arancelarias. Paralelamente, se crearían entre 36.000 y 143.000 puestos de trabajo. Todo ello en un momento en que Estados Unidos representa el tercer destino de inversión para las empresas españolas, que cuentan ya allí con un stock de inversiones equivalente al 4,5% del PIB español. Y siguen además teniendo mucho que ganar de la diversificación de sus exportaciones, como lo demuestra el crecimiento cercano al 11% de las exportaciones españolas de bienes a EE.UU. en los cinco primeros meses de este año. Baste recordar que el año pasado Texas creció cerca del 5% del PIB y California el 3,5%. ¡Quién no lo querría para nuestra economía!
El anuncio oficial de la apertura de las negociaciones lo hicieron en febrero el Presidente Obama, por parte de EE.UU., y los Presidentes Barroso y Van Rompuy, por parte de la EU. Las negociaciones han comenzado en Washington a mediados de julio reuniendo a más de 200 negociadores en veinte grupos de trabajo diferentes, entre los que destacan: acceso a mercados para los productos agrícolas e industriales, compras públicas, inversión, energía y materias primas, medidas sanitarias, servicios, propiedad intelectual, pymes, competencia y empresas públicas. Todo ello da una idea de la amplitud de asuntos incluidos en las negociaciones.
Unos días después tenía lugar en el Capitolio de los Estados Unidos la Transtatlantic Week, organizada por el Transatlantic Policy Network, que ha venido trabajando de forma intensa para la apertura de estas negociaciones. Participantes en este foro de referencia sobre el futuro de las relaciones transatlánticas, como los representantes de las grandes empresas, el recién nominado Michael Froman, Representante comercial de los EE.UU. y el Comisario Barnier de Mercado interior, han puesto énfasis en las consecuencias positivas de esta asociación transatlántica en términos de comercio, crecimiento y empleo. Quedó asimismo de manifiesto que la fuerte voluntad política existente por ambas partes facilitará las negociaciones, así como el hecho de tratarse de dos economías similares en tamaño y en valores.
Sin embargo, será complicado que los americanos consigan un cambio de postura de los europeos respecto a los productos agrícolas transgénicos o el ganado vacuno con hormonas, y que abran completamente el sector cultural. Es también un enorme reto para los europeos derribar la muralla impuesta por los americanos a las compras públicas de productos europeos y conseguir la apertura de sectores como el aéreo y el marítimo. Por el momento, los demócratas tampoco son muy favorables a incluir los servicios financieros en la negociación después del gran esfuerzo y los tres años que les ha costado completar la legislación Dodd-Frank. La propiedad intelectual será otro de los sectores cuya negociación será larga y sin éxito garantizado. La convergencia reguladora requiere tiempo. Sirva de ejemplo de las dificultades en este tipo de negociaciones el retraso por parte americana en la aprobación legislativa del Tratado de doble imposición acordado con España, actualmente bloqueado utilizando argumentos de protección de datos.
Para contribuir a que la negociación llegue a buen puerto será clave cerrar un acuerdo lo más extenso y rápido que sea posible; y también que en el resto se avance una vez exista ya un marco claro en funcionamiento. En los próximos meses se pondrá en juego la capacidad política para hacer frente, de manera conjunta, a los retos estratégicos consecuencia de la globalización. La Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones es una apuesta estratégica que está contando con la máxima prioridad en la agenda de los Gobiernos. Confiamos que también en España.
