El Gobierno difundió ayer el prolijo informe elaborado por la Comisión de expertos, punto de partida para una próxima iniciativa gubernamental de modificación de nuestra normativa tributaria. La lucidez de conjunto del meritorio trabajo realizado por los académicos, que revisa de forma exhaustiva múltiples aspectos de nuestra fiscalidad, no salva algunos comentarios críticos. La filosofía de las propuestas, en línea con la Comisión Europea, consiste en la reducción de los tipos de la imposición directa (IRPF, Impuesto sobre Sociedades), compensando la pérdida recaudatoria con la supresión de deducciones en esos mismos impuestos (también para mayor simplicidad y neutralidad en el sistema) y con el aumento de la imposición indirecta. Este aumento financiaría también, en una futura segunda fase, una reducción de las cotizaciones sociales (“devaluación fiscal”). En el IVA, el aumento se produciría por el salto al tipo ordinario de los bienes y servicios hoy favorecidos por el tipo reducido, manteniéndose en éste la vivienda, los servicios turísticos y el transporte público.
Cabe objetar, desde un análisis dinámico, que los aumentos en el IVA o los Impuestos Especiales pueden reducir significativamente el consumo de los bienes y servicios afectados, y con ello incluso perderse recaudación. Por otra parte, ciertas deducciones a suprimir están firmemente ancladas a estrategias gubernamentales que se juzgan acertadas, como la inversión de los beneficios empresariales en activos fijos o el impulso de las actividades de I+D+i; la propia Comisión Europea aboga por la protección de éstas, aún más si se desea favorecer un modelo productivo de raíz tecnológica. En el IRPF (impuesto estrella, con más del 40% de la recaudación gestionada por el Estado) se apunta a la reducción general del gravamen, y en especial para las rentas medias y bajas, que entendemos necesaria para asegurar ganancias de actividad económica y competitividad. En cambio, no parece adecuada la supresión de la deducción por inversión en vivienda habitual, hoy viva sólo para operaciones anteriores a 2013, al afectar a las previsiones financieras de las familias y con ello a la seguridad jurídica. Tampoco parece razonable la propuesta de imputación de rentas por uso de la vivienda habitual, sólo justificada por razones recaudatorias.
Competitividad empresarial
En el Impuesto sobre Sociedades, la reducción del elevado tipo general (siete puntos sobre la media europea) sería positiva, en aras de la competitividad empresarial y de la imagen para el inversor extranjero; conllevaría además la supresión del régimen especial de empresas de reducida dimensión, por desincentivador del crecimiento. Sería importante, en tal caso, paliar el efecto negativo del menor tipo en algunos sectores, entre cuyos activos de balance se cuentan las pérdidas pasadas (bases negativas) multiplicadas por el tipo vigente. Además, los expertos mantendrían con cambios las restricciones a la deducción de gastos financieros y solicitan una tributación mínima en el extranjero para acceder a la exención de las correspondientes rentas; en todo caso, nos parece inadecuada la identificación del tipo efectivo de gravamen con sólo el asociado a la tributación en España.
En relación con la imposición sobre la propiedad, se plantea acertadamente la supresión definitiva del Impuesto sobre el Patrimonio (perjudicial para el ahorro y de efecto deslocalizador) y la reducción paulatina, hasta su desaparición, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (al referirse a bienes ya gravados previamente por el IVA), potenciándose a cambio el IBI. En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se apunta a un gravamen mínimo de base amplia para todas las comunidades autónomas, con supresión de las ventajas para patrimonios empresariales; entendemos que el futuro de las competencias autonómicas necesita de reflexión añadida.
Con el objetivo de blindar la unidad de mercado, se propone acertadamente suprimir algunas figuras medioambientales autonómicas y, en general, ordenar la dispersión normativa existente, como la asociada al Impuesto sobre Depósitos de las Entidades de Crédito.
Finalmente, coincidimos con los expertos en la necesaria corrección del fraude fiscal mediante gravámenes en general más reducidos, mayor dotación de medios para la Administración tributaria, y supresión en el IRPF e IVA de los sistemas objetivos de estimación.
En resumen, los expertos han facilitado un valioso instrumento con que ilustrar las decisiones de política tributaria. Concierne ahora al Gobierno la responsabilidad de seleccionar las medidas más oportunas y de completarlas con acierto para el impulso del crecimiento, la creación de empleo y el bienestar de los ciudadanos.
