En los difíciles tiempos de pandemia y crisis económica que vivimos, y como una de las “componentes” del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado por el gobierno a Bruselas (la número 28 de las 30 previstas), consta la “Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI”.
El alcance de las reformas fiscales allí planteadas es universal. Se trata de una inquietante previsión de aumentos tributarios urbi et orbe, añadida a la mayor imposición personal ya introducida en 2021 en el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto sobre el Patrimonio. Además, están en marcha incrementos asociados a la digitalización y a las operaciones financieras, y se prevén otros diversos en materia medioambiental (justificados sólo en ciertos casos), patrimonial y societaria. Y todo ello, en el caótico escenario económico que aún nos envuelve.
Se trata de previsiones de importante tinte político, encajadas en un discurso de falacias preocupantes.
En primer lugar, es engañoso dar por sentado que son necesarias subidas fiscales para garantizar la “suficiencia” del sistema, es decir, para financiar un gasto público contemplado como variable indiscutida en su nivel actual. Alguien dirá que la Componente 29 del Plan se refiere a la “mejora de la eficacia del gasto público”. Pero allí sólo se habla de la “reorientación” y “evaluación” del gasto, indicándose que el objetivo “no es obtener ahorros presupuestarios per se”, sino “gastar mejor” (sic), proponiéndose la revisión de los beneficios fiscales, es decir, de nuevo refiriéndose a la subida de impuestos, o la supresión de los incentivos a la contratación laboral. Al margen de alguna referencia genérica a la “sostenibilidad”, nada concreto se prevé de planes de reequilibrio y consolidación fiscal (algo recién denunciado por la propia Airef), en un país, el nuestro, con 22 ministerios, el mayor número de ellos en Europa, y con tres niveles administrativos de servicios, muchos de ellos redundantes. Se olvida que los impuestos, que perturban la economía de los ciudadanos, no son un fin en sí mismos.
En segundo lugar, como justificación de la intensidad de los aumentos impositivos se indica que la presión fiscal española (impuestos y cotizaciones sociales sobre PIB) era en 2018 del 39,2% y por ello más baja que la de los países de nuestro entorno (46,5%), nivel al que se nos dice que debemos aspirar. Ese entorno, al parecer, se ha decidido sin más que es la Eurozona. Pero de nuevo de manera falaz, nada se explica en el documento de nuestro “sacrificio fiscal”, o graduación de la presión fiscal según la renta per cápita. La presión fiscal española, si la asociamos a nuestra renta media (24.910 euros en 2018), puede ser tan razonable como una presión fiscal más alta sobre una renta per cápita también mayor (30.900 euros en la eurozona). Salvo que los ciudadanos españoles merezcamos la misma detracción impositiva que los contribuyentes europeos más “ricos”.
En tercer lugar, se ha creado un comité, no tanto de expertos, sino de 16 “personas expertas”, para valorar una reforma tributaria que se plasmará a comienzos de 2022 en un libro blanco. Excesos terminológicos aparte, esos expertos son valiosos profesionales del mundo académico, faltando en cambio representantes del ámbito empresarial y de la asesoría fiscal. Pero los elegidos parece que habrán de acomodar sus ideas a las que el gobierno anticipó de manera temeraria en el acto de presentación del comité: la armonización al alza de la imposición autonómica (Impuesto sobre el Patrimonio e Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones) y la supresión de incentivos -de los pocos que quedan- en el Impuesto sobre Sociedades. Es falaz proclamar la confianza en el juicio de los expertos cuando se anuncian a priori los cambios tributarios que habrían de resultar de su trabajo.
Hay además una posible cuarta falacia de tintes absurdos. Porque la introducción de las medidas tributarias se prevé graduada en el tiempo, de modo que el chaparrón fiscal se disimule en lluvia fina. Pero todo lleva a pensar que las decisiones del gobierno se irán acomodando a su estrategia política, con una cierta probabilidad de que aquellas medidas acaben no adoptándose, al menos en parte. Si eso ocurriera, sería tras haberse generado las peores expectativas en los agentes económicos, a los que la escalada tributaria dibuja el peor escenario para la inversión y el empleo. Es la falacia del incumplimiento de lo anunciado, que aun sin llevarse finalmente a cabo, no evitará los destrozos económicos previos.
Salvador Ruiz Gallud
Socio director Área Fiscal de Equipo Económico
Fuente: Expansión
