Europa ha sufrido particularmente los efectos de la crisis económica global. Ésta llegó en 2008 sin que la UE estuviera preparada: adolecía de importantes carencias en su arquitectura institucional y de desequilibrios macroeconómicos significativos. Siete años más tarde, Europa se recupera solo lentamente. Pese a la reducción de los precios del petróleo, el FMI ha revisado a la baja hasta el 1,2% sus perspectivas de crecimiento del PIB para la zona euro en este año, frente a su incremento hasta el 3,6% para la productiva economía de EEUU. La situación no es la misma en todos los países, como tampoco lo ha sido el esfuerzo social durante la crisis. El Fondo prevé un leve crecimiento del PIB en 2015 para Italia (0,4%), Francia (0,9%) y Alemania (1,3%), mientras constata que la periferia está creciendo a mayor ritmo: España (nuestra previsión es del 2,4%) e Irlanda (3%). Esta falta de crecimiento, unida a la alta tasa de paro y al miedo a la deflación, están en el centro de debate sobre el futuro económico europeo.
En este contexto, una vez se han confirmado las expectativas de desanclaje de la inflación (la subyacente se situó en el 0,7% en diciembre, lejos del mandato del 2%), el BCE ha ampliado de forma muy importante su programa de compra de deuda, al incluir ahora también a la deuda pública. Dado el diagnóstico económico, parece lo correcto.
Los principales efectos que conlleva, –reducción del tipo de cambio, caída de las primas de riesgo y costes de financiación bajos por un periodo de tiempo prolongado–, son positivos para la economía europea. A lo que habría que unir el efecto de confianza que busca conseguir. Si se efectúa un análisis en detalle de cómo lo va a poner en marcha, se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío, sobre todo en lo que se refiere a la distribución de las posibles pérdidas. Se trata en cualquier caso de un paso necesario. Es coherente con las actuaciones del BCE en los últimos tres años; su presidente lo prometió en el verano de 2012 (“Whatever it takes”). Y se une a otros importantes avances que se han ido dando desde el inicio de la crisis en la construcción europea, como la creación de la unión bancaria o el pacto fiscal.
Si Europa quiere hacer frente a sus retos es necesario acompañar la actuación del BCE con un abanico más amplio de medidas. Ante el peligro de la deflación, la necesidad de apoyar por el lado de la demanda parece clara. No se trata simplemente de lanzar planes de gasto, que se pudieran asimilar a errores del pasado reciente. Antes de anunciar una cifra, como ha sido el caso del Plan Juncker, sería lógico hacer un análisis de las necesidades concretas. Por otro lado, quizás se debería optar por reducir los impuestos a ciudadanos y empresas, que son los que van a asignar de manera más eficiente sus recursos.
Por el lado de la oferta es necesario avanzar en lo que se refiere a las reformas, porque casos como los de España o Irlanda demuestran que son clave para la recuperación. Pero también queda mucho por hacer desde Bruselas y sus instituciones. Si en las próximas décadas queremos seguir siendo una región próspera, capaz de competir en los mercados internacionales y de ocupar una posición relevante en la esfera internacional, que disfruta de valores como la democracia y la libertad, el camino no puede ser otro que el de una mayor integración política y económica.
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