Madrid, 21 de octubre de 2016. Salvador Ruiz Gallud, director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de 2001 a 2004 y hoy socio director del despacho Equipo Económico, ha intervenido con otros dos antiguos directores generales de dicha Institución en la jornada de cierre del congreso anual de APIFE, la Asociación Profesional de los Inspectores de Hacienda del Estado, celebrada en Gijón.
Salvador Ruiz, tras destacar el papel de la AEAT en el servicio público y la profesionalidad de los funcionarios de la Agencia, ha destacado la ausencia de seguridad jurídica actual que afrontan las empresas ante los continuos cambios normativos y de criterio que han de asumir. Asimismo, ha lamentado la ampliación de los plazos máximos de las actuaciones de inspección fijados en la última reforma de la Ley General Tributaria que, pensados para contribuyentes especialmente incumplidores, acabarán afectando a la generalidad de los ciudadanos y empresas. También ha defendido un cambio en el sistema de valoración del trabajo de la Inspección, en el que las actas de conformidad deberían tener un mayor peso que las de disconformidad –como ya ocurre con las llamadas «actas con acuerdo»–, por el enorme coste social del conflicto en vía administrativa y judicial.
De igual forma, ha criticado la evaluación del trabajo inspector contribuyente a contribuyente, al presumirse que todos cumplen o incumplen por igual, frente a la posibilidad más razonable de valorar el cumplimiento del Inspector en términos globales para el conjunto de los contribuyentes inspeccionados.
Salvador Ruiz ha alabado el papel de la AEAT como Agencia Tributaria integrada para todo el Estado, reconociendo la posibilidad de una mayor participación de las Comunidades Autónomas (CCAA) en la definición de la política de gestión tributaria relativa a los impuestos gestionados por el Estado, pero de recaudación compartida con ellas: IRPF, IVA e Impuestos Especiales. A cambio, podrían aprovecharse sin duda economías de escala si la AEAT gestionara parte de los tributos cedidos a las CCAA (ITP, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones). Finalmente, comentó que las Administraciones forales constituyen sistemas separados que en nada ayudan a la integración de la información ni a una gestión tributaria coordinada.
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