Madrid, 2 de noviembre de 2017. Salvador Ruiz Gallud, socio director de Equipo Económico, coordinó el pasado 28 de octubre una mesa de trabajo en XXXII Congreso anual de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF).
La mesa estuvo dedicada a la “Fiscalidad autonómica y local: las reformas que vienen”, y en ella intervinieron como ponentes Juan José Rubio Guerrero, catedrático de Hacienda Pública y Régimen Fiscal de la Empresa (Universidad de Castilla La Mancha), que ha sido miembro de la Comisión de Expertos para la Reforma de la Financiación Autonómica; y Ana Muñoz Merino, catedrática de Derecho Financiero y Tributario (excedente) y presidenta de la Comisión de Expertos para la Reforma de la Financiación Local.
Salvador Ruiz introdujo la sesión comentando la relevancia de las reformas potenciales que pueden introducirse en nuestros sistemas tributarios autonómico y local, faltos en ciertos ámbitos de coordinación y estructura, también necesitados de mayor seguridad jurídica, reformas cuya decisión última corresponde al nivel político. Comentó asimismo la elevada probabilidad de que en el corto plazo se fije por ley un suelo mínimo de tributación para todo el Estado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Intervino como primer ponente Juan José Rubio Guerrero, que detalló las propuestas de la Comisión de Expertos para la reforma de la financiación autonómica. Esas propuestas pueden resumirse en la necesidad de una simplificación y mayor transparencia del sistema vigente, que habría de reconducirse fundamentalmente hacia dos fondos de financiación: un fondo básico para asegurar la igualdad de la financiación por habitante en todas las comunidades autónomas; y un fondo de nivelación vertical o de solidaridad –que sustituiría a los numerosos y confusos fondos equivalentes hoy existentes-. Las propuestas también suponen la introducción del principio de ordinalidad –en virtud del cual, tras el reparto de los fondos, ninguna comunidad que transfiera fondos a otras puede quedar con una financiación por habitante inferior a la de las comunidades receptoras-; la progresiva incorporación de País Vasco y Navarra al sistema; y el abandono de las cláusulas de statu quo –o de derechos adquiridos en el tiempo-, poco justificadas.
Por su parte, Ana Muñoz Merino, segunda ponente, destacó diversos aspectos del sistema de financiación local que necesitan de revisión. Así, comentó la necesidad de superar la actual falta de seguridad jurídica que se advierte en relación con el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana después de las sentencias del Tribunal Constitucional, señalando que la Comisión ha propuesto una nueva figura que grave las transmisiones de todo tipo de inmuebles -no sólo los urbanos-, por su valor total –no sólo el valor del terreno-, aunque haya transcurrido menos de un año respecto de la anterior transmisión –para alcanzar también a las operaciones especulativas-, y con arreglo a criterios de mercado –no según valor catastral-. Destacó también la profesora la necesidad de dotar de certeza y lógica económica a los valores catastrales, a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), pero también como valor de referencia en otras figuras tributarias, y de clarificar los procedimientos para su impugnación, evitando la indefensión de los administrados. Finalmente, abogó por la habilitación de la vía económico-administrativa para los municipios que, por su tamaño, no disponen de ella.
