Madrid, 3 de julio de 2020. Francisco Piedras, socio director de Equipo Económico y vicepresidente de la Comisión de Asuntos Fiscales de CEIM, y Salvador Ruiz Gallud, socio director del mismo despacho, han dirigido y moderado hoy la Jornada “El Impuesto sobre Sociedades en tiempos del COVID: la declaración del periodo impositivo 2019. Cambios tributarios anunciados en España y en la Unión Europea”, organizada por la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), en colaboración con la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid. La coordinación del evento ha corrido a cargo de Sol Olábarri, directora de Economía y Competitividad de CEIM. La sesión, que se ha desarrollado por videoconferencia, ha tenido por objetivo informar a los empresarios madrileños de los elementos clave en la declaración del Impuesto de Sociedades correspondiente al ejercicio 2019, y trasladarles la situación del sistema tributario en el presente y en el futuro próximo.
La apertura de la jornada ha corrido a cargo de Fernando Gómez Galicia, presidente de la Comisión de Asuntos Fiscales de CEIM. Tras él, José Antonio Marco Sanjuán, inspector de Hacienda y presidente del Tribunal Económico-Administrativo Central (Ministerio de Hacienda), ha desarrollado una ponencia titulada “Doctrina de los Tribunales Económico-Administrativos en materia del Impuesto de Sociedades. Otros criterios económico-administrativos relevantes”.
José Antonio Marco ha analizado la doctrina económico-administrativa y jurisprudencial más reciente, haciendo previamente hincapié en que la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de enero de este año no impide a los Tribunales Económico-Administrativos aplicar el derecho comunitario, aunque sí les imposibilita plantear cuestiones prejudiciales ante dicho Tribunal europeo. Para evitar esa restricción es preciso un cambio normativo en la regulación de nuestros Tribunales Económico-Administrativos, ha añadido el ponente.
José Antonio Marco ha destacado una reciente sentencia del Tribunal Supremo, que impide a la Administración tributaria dictar providencias de apremio cuando un acto administrativo ha sido objeto de recurso de reposición o, por extensión, de reclamación económico-administrativa, en todo caso en el plazo en que comienza a operar el silencio administrativo. Se ha centrado después en las vicisitudes de la ejecución de resoluciones administrativas y judiciales, refiriéndose tanto a los plazos máximos de ejecución a cargo de la Administración, como a las posibilidades de dictar nuevos actos administrativos, caso por caso.
A continuación, ha intervenido Alfonso Rosillo González Aguilar, inspector de Hacienda y subdirector adjunto de Impuestos sobre las Personas Jurídicas (Dirección General de Tributos), con la ponencia “Novedades Tributarias en el Impuesto sobre Sociedades para 2019 y 2020”. El ponente ha revisado las cuestiones más relevantes correspondientes al Impuesto sobre Sociedades, comenzando con el análisis de los decretos-leyes de estos últimos meses. Ha destacado la posibilidad en determinadas circunstancias de cambiar la opción para el sistema de cálculo de los pagos fraccionados. Ha comentado asimismo los incentivos fiscales muy sectorializados que se han ido aprobando (referidos a la industria de la automoción, las producciones cinematográficas y los fondos de promoción y educación de las cooperativas), y también la posibilidad -introducida por el Real Decreto-ley 19/2020- de presentar una segunda autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades, sin recargos y como máximo hasta 30 de noviembre de este año, cuando las cuentas anuales aprobadas difieran de las utilizadas inicialmente en el plazo ordinario de declaración, en el escenario de aprovechamiento por la sociedad de los mayores tiempos para cumplimiento mercantil.
Alfonso Rosillo también se ha referido a las condiciones generales para la deducibilidad de los gastos en el Impuesto sobre Sociedades, y en particular, de las retribuciones de los administradores, para las que resulta fundamental su correcta justificación e imputación contable, pero quizá no tanto otros requisitos estatutarios no previstos para el desempeño de funciones ejecutivas.
En tercer lugar, ha intervenido desde Bruselas Jorge Ferreras Gutiérrez, consejero Financiero coordinador en la Representación Permanente (REPER) de España ante la Unión Europea e Inspector de Hacienda, desarrollando una ponencia sobre “Cambios tributarios en el ámbito europeo, impulsados a raíz del COVID 19”. El consejero ha comentado el enfoque que desde las instituciones de la Unión se viene dando a las diferentes iniciativas tributarias de ámbito europeo. En particular, se ha referido a la inmediata difusión por la Comisión el próximo 15 de julio de un Plan de Acción de Lucha contra el Fraude.
Jorge Ferreras ha explicado que ya antes de la pandemia se venía avanzando en determinadas iniciativas, esencialmente en las de base imponible común consolidada del impuesto sobre sociedades, los derechos de emisión, la contribución de cada Estado Miembro por uso de plástico no reutilizable (no necesariamente a partir de un impuesto), o del impuesto financiero (a partir de una cooperación reforzada). La falta de adopción práctica a fecha de hoy de esas iniciativas responde sobre todo al sistema de toma de decisiones por unanimidad que rige en el Consejo europeo en materia fiscal, y que la Comisión propone cambiar en su comunicación de 15 de enero de 2019 (“Hacia una toma de decisiones más eficiente y democrática en materia de política fiscal de la UE”), de manera que se evite el bloqueo de planteamientos que gozan de amplio acuerdo, aunque no total. Ha explicado también que otras iniciativas recientes sobre nuevos recursos propios de la Unión Europea, formuladas a raíz de la idea de creación de un Fondo de Recuperación y Resiliencia para paliar los daños del COVID 19, no son de tramitación prioritaria en este momento, como las relativas a derechos de emisión en navegación marítima y aérea o el mecanismo de ajuste en frontera por el carbono. Se ha referido también Jorge Ferreras al futuro impuesto digital europeo, para el que se busca un acuerdo más amplio en el marco de la OCDE.
Salvador Ruiz Gallud, inspector de Hacienda en excedencia y socio director del Área Fiscal de Equipo Económico, ha cerrado la jornada con una ponencia titulada “Cambios tributarios en el ámbito doméstico”. En ella ha analizado la posible evolución de nuestra fiscalidad, a partir de la delicada situación de la economía española, comenzando por los planteamientos de aumento del Impuesto sobre Sociedades, IRPF e Impuesto sobre el Patrimonio contenidos en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 (decaído en su día por convocatoria de nuevas elecciones el año pasado), que tienen toda la probabilidad de ser reeditados. Se ha referido también a los nuevos impuestos digital y financiero, que en su opinión perjudicarán la competitividad de nuestro país, y al impuesto sobre los envases de plástico. Ha comentado asimismo las amenazas de aumento de la imposición patrimonial, como de fijación de un suelo de tributación en el Impuesto sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones para todas las comunidades autónomas de régimen común, lo que aconseja verificar el cumplimiento de las condiciones de propiedad, dirección y afectación de activos en las sociedades familiares, para garantizar las ventajas fiscales previstas para ellas en la normativa.
Salvador Ruiz ha comentado asimismo la implantación temporal de los llamados “coronaimpuestos” para reducir el tremendo déficit público que se avecina. Se ha decantado por una subida temporal del tipo general de IVA, ante las dificultades para la aplicación de este a los bienes y servicios que hoy tributan al tipo reducido, por tratarse esencialmente de la vivienda y los servicios turísticos, que en este momento entiende no deben verse penalizados fiscalmente. Cabría también la reintroducción de un gravamen complementario en el IRPF, similar al que operó en nuestro país en 2012 y 2013. Finalmente, abogó por medidas de ayuda a las empresas y la atención a la planificación fiscal.
La jornada organizada por CEIM y la Cámara de Comercio es de gran utilidad para la facilitar el cumplimiento de las obligaciones de declaración y el pago del Impuesto sobre Sociedades, que una gran mayoría de entidades y grupos deben afrontar en estas fechas.
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