Las continuas revisiones al alza de las previsiones para España en 2014 son un indicador más del vuelco del panorama económico en los últimos meses. Estas actualizaciones son significativas porque desde que en 2008 la economía entró en una doble recesión, España ha atravesado una de las etapas más difíciles de su historia reciente. En 2011 y 2012 la economía española encontraba muy difícil acceso a los mercados o lo hacía a precios insostenibles. Si 2012 fue el año en que se evitó un rescate global de nuestra economía y 2013 supuso un punto de inflexión en el crecimiento, 2014 es el año en que se vuelve a crear empleo en términos netos. Esta es, sin duda, la mejor noticia de cuantas se han producido en la primera mitad del año. Es cierto que la tasa de paro es aún muy elevada y que el aumento del número de ocupados sigue siendo insuficiente, pero es un primer y necesario paso hacia la normalización.
Uno de los momentos más delicados fue el verano de 2012, cuando los inversores internacionales valoraban el fuerte riesgo de ruptura del euro y la prima de riesgo española se disparaba. Desde entonces se ha avanzado mucho en la recuperación de la estabilidad gracias a las reformas domésticas y también a los progresos realizados desde la UE y por el BCE.
El importante esfuerzo en los dos últimos años de consolidación de las cuentas públicas, en un contexto de recesión, ha sido una de las claves de la recuperación de la confianza de los agentes económicos, de la estabilidad económica y del crecimiento. El saldo presupuestario medio en porcentaje del PIB muestra una clara mejora en los últimos años. Si en 2009 se registró un déficit del 11,2%, esta cifra se redujo al 6,6% en 2013.
Este año continúa el esfuerzo de consolidación siguiendo la senda trazada en la reciente actualización del Programa de Estabilidad. Así lo demuestra también el que durante los cinco primeros meses de 2014 el déficit público del Estado fuera el 1,4 puntos porcentuales inferior al de 2013. Y ello fundamentalmente gracias al aumento de los ingresos. Los últimos datos correspondientes a la recaudación acumulada hasta mayo muestran un aumento del 6,7% respecto al mismo periodo de 2013. Por conceptos y en términos de calendario homogéneos la recaudación total aumenta el 4,5%, el IRPF el 4,1% y el IVA el 4,6%. Todo ello apunta a que el déficit público cumpla este año con el objetivo establecido del 5,5% del PIB, o incluso se sitúe ligeramente por debajo.
Además, el Consejo de Ministros ha aprobado un techo de gasto del Estado para 2015 de 129.000 millones de euros, lo que supone una reducción adicional del 3,2% respecto a este año. Se ha querido así lanzar un mensaje de continuidad en el esfuerzo de control del gasto público al mismo tiempo que se presentaba la reforma fiscal.
Tras los últimos años de fuertes desequilibrios de las cuentas públicas, que han tenido que ser compensados con un fuerte ajuste del gasto público y con subidas impositivas continuadas, la reforma fiscal tiene que contribuir a una mejora generalizada de la competitividad de la economía española, así como ayudar a la consolidación del crecimiento a través de la reducción impositiva. Si el sector exterior ha sido la única fuente de crecimiento durante la crisis, es necesario que también la demanda interna recupere pulso, tanto por el lado del consumo como de la inversión, para que de esta forma la recuperación sea equilibrada y sostenible.
La reforma de la imposición directa, fundamentalmente a través de la reducción de tipos y de la carga tributaria del IRPF y el Impuesto de Sociedades (IS), constituye el núcleo de los cambios propuestos. Además, la reforma del IS va más allá de la rebaja de tipos, al incluir importantes medidas para favorecer el ahorro empresarial, el saneamiento financiero de las empresas y reducir su endeudamiento, de forma que puede jugar un papel clave en el impulso de la autofinanciación empresarial. Incluye asimismo incentivos a las actividades relacionadas con I+D+i, además de una simplificación en la regulación de las operaciones vinculadas. Requerirá además un nuevo planteamiento por parte de las empresas españolas respecto a sus estructuras internacionales, ante los cambios que supone en el tratamiento de las rentas que obtienen en el exterior.
La reforma está enmarcada, en primer lugar, por la limitación que supone el aún elevado déficit público, consecuencia de un gasto sobre PIB que a final de este año se situaría en el 44%, muy por encima aún del 38,5% que alcanzarían los ingresos, según el Programa de Estabilidad. En segundo lugar, por la decisión de no subir la imposición indirecta (ni IVA ni Impuestos Especiales) pese a la insistencia de las instituciones europeas e internacionales. Si bien es cierto que el tipo impositivo medio sobre el consumo sigue siendo menor que la media de la UE, también lo es que los tipos de IVA se han elevado mucho en los últimos años. En un momento de recuperación como la actual, el Gobierno ha preferido confiar en el aumento de la recaudación asociado a un mayor crecimiento, y no poner en peligro el repunte en el consumo ni tener un impacto negativo sobre la equidad. En tercer lugar, a la espera de una renegociación futura del sistema de financiación autonómico, no incluye tampoco la revisión de la compleja y desordenada fiscalidad autonómica y local, con lo que puede seguir resintiéndose la unidad de mercado. Por las mismas razones los cambios tampoco parece que alcanzarán, entre otras figuras, a los tributos que gravan las Sucesiones, las Donaciones o el Patrimonio.
En este contexto, el proyecto presentado hace un importante esfuerzo de reducción de tipos impositivos, cuyo coste en términos estáticos tiene que ser compensado. Por un lado, con el aumento de ingresos derivado del ensanchamiento de las bases que proporciona una mayor actividad. Por otro, y pese a la controversia que pudiera generar, tendrá que ser compensado también con un ajuste en la estructura de los impuestos. En aras a una reforma diseñada en favor del crecimiento, se trata de un ejercicio necesario para cuadrar los números, en un momento todavía de transición hacia la recuperación de los equilibrios macroeconómicos.
No obstante, determinados elementos de este ajuste -por ejemplo, la tributación del ahorro, indemnizaciones por despido, los alquileres, la imprescriptibilidad de determinados asuntos fiscales asociados a bases imponibles negativas, los plazos de las actuaciones inspectoras, etc.- pueden necesitar una revisión durante la tramitación parlamentaria. En cualquier caso, una vez la economía española vuelve a crecer, y estimamos que lo hará este año a una tasa en torno al 1,5% del PIB, ahora sí es el momento oportuno para una reestructuración y una reducción de impuestos favorable al impulso de la actividad económica como la propuesta. Nuestra economía necesita consolidar su recuperación para hacer frente a los importantes retos a los que se sigue enfrentando, como la elevada tasa de paro, el fuerte endeudamiento público y privado, la recuperación del crédito y el acceso cada vez mayor y más directo a los mercados de capitales.
Frente a una situación especialmente difícil, España ha acertado en los dos últimos años con las decisiones adoptadas para volver a la senda del crecimiento, como ya lo hizo también a mediados de los noventa. Es quizá hora de que cambiemos la frase “sólo se aprende de los errores”; aprender de los aciertos es menos traumático y quizás más eficaz. Por ello, es necesario seguir poniendo todos los esfuerzos en las reformas estructurales orientadas a la estabilidad macroeconómica y el crecimiento. La continuidad del proceso de consolidación fiscal y la reforma fiscal tienen un papel clave. Sólo así se podrá fortalecer la recuperación y hacer frente a los retos.
