Para valorar la adecuación de la anunciada reforma fiscal que prepara el Gobierno es preciso, con carácter previo, realizar un diagnóstico de la situación económica. Sólo de este modo podrá ponderarse si los estímulos fiscales que se pretenden aprobar resultarán eficaces, de cara a hacer una economía más eficiente y sostener y potenciar los efectos benéficos de la incipiente reactivación económica que se está produciendo, así como la necesaria recuperación del mercado laboral. Nadie duda de que nos encontramos, tras la doble recesión sufrida desde 2008, en un cambio de escenario. Podemos afirmar que nuestra economía dejó atrás lo peor de la crisis. Así, la tasa de crecimiento del PIB ha alcanzado valores positivos en los últimos tres trimestres.
Sin embargo, la economía española se sigue enfrentando a grandes desafíos, como la elevada tasa de paro (por encima del 25%), el fuerte endeudamiento privado y público (este último se acerca cada vez más al 100% del PIB), y la falta de crédito para determinados proyectos viables. Es, por ello, que nuestra economía necesita consolidar su recuperación. Aunque la situación haya cambiado mucho en los últimos meses, hay que continuar con la implementación de las reformas que le permitan generar actividad económica y crear empleo. Comparto la opinión de que la mejor política social es la generación de empleo.
En este contexto, la política fiscal tiene un papel muy importante que jugar, al constituir un instrumento clave de la política económica. Tras un proceso de devaluación competitiva que ha permitido mejorar el posicionamiento de las empresas españolas, y de sus bienes y servicios, en los mercados internacionales, sólo puede apuntalarse el crecimiento económico si se recupera la demanda interna. Para dicha recuperación resulta clave apostar por una decidida reducción de la imposición directa que grava a las familias y a las empresas, incrementando su capacidad de gasto y de inversión.
Para que la reforma fiscal apunte en la buena dirección debería contener medidas en aras de una mayor eficiencia de nuestra economía, de ensanchamiento de las bases tributarias y de reducción ambiciosa de los tipos impositivos. Tal y como ha recogido el informe de la Comisión Lagares, los tipos nominales en España, tanto del Impuesto sobre Sociedades como del IRPF están muy por encima de la media. Esta situación penaliza el consumo, el ahorro, la inversión y la generación de riqueza, por lo que debe corregirse. Las medidas tendrían efecto positivo en términos de empleo y de renta disponible que se podrían traducir en una mayor actividad económica y, por tanto, en una mayor recaudación a través del ensanchamiento de las bases imponibles.
Determinadas voces, especialmente desde instituciones multilaterales, consideran que la rebaja impositiva debe compensarse para evitar poner en riesgo la consolidación fiscal, con una subida del IVA. No comparto esta opinión, dado que esta subida iría en contra de la necesaria recuperación de la demanda interna. No es aventurado anticipar el error en las predicciones de determinados agoreros. Basta con consultar las hemerotecas.
Una reforma fiscal que reduzca sustancialmente los tipos impositivos de los impuestos sobre la renta y de sociedades permitirá acelerar el crecimiento económico y mantener la consolidación de las cuentas públicas, en un círculo virtuoso que creará nuevos puestos de trabajo. Y esto es lo que todos, como ciudadanos, deseamos.
