Por Jorge Vindel González, Raquel Lorenzo Alonso y Julio Martín Prieto.
Los rendimientos del bono francés a diez años han convergido recientemente con los del bono español por primera vez desde 2008, en medio de la preocupación sobre el aumento del riesgo político y respecto de la sostenibilidad de las cuentas públicas en Francia. De hecho, después de que el diferencial entre ambas rentabilidades se mantuviera estable durante el año 2023, en torno a los 50 puntos básicos, este comenzó a disminuir a lo largo del presente año y, en el cierre de septiembre el bono francés llegó a presentar un rendimiento del 2,93%, ligeramente por encima del 2,92% del español, según se aprecia en el gráfico del mes Ee.
El aumento de la desconfianza por parte de los inversores respecto de los títulos de deuda franceses desde comienzos de este año deriva del incumplimiento de los objetivos presupuestarios en 2023, así como de las perspectivas presupuestarias negativas que presenta el país galo para este año 2024. Desde 2013, Francia viene siendo el país con el gasto público sobre el PIB más elevado de toda la UE, alcanzando el 57,3% en 2023 (frente al 49,9% de la eurozona y al 46,4% de España); año en el que registró una deuda pública del 109,9% del PIB y un déficit del 5,5%, situándose como el segundo país de toda la UE con una peor posición fiscal, solo superado por Italia (134,6% y 7,2%). De esta forma, en junio de este año, la Comisión Europea puso en marcha el procedimiento de déficit excesivo contra Francia y otros seis países (entre los que no incluyó a España).
A ello se ha sumado también en los últimos meses el incremento de inestabilidad política. El mal resultado cosechado por el partido de centro liberal del presidente Macron en las pasadas elecciones europeas y la convocatoria anticipada de elecciones legislativas, en las cuales, existía el riesgo de que se formase un Gobierno todavía menos comprometido con la consolidación fiscal, derivó en que ya durante el mes de junio la rentabilidad exigida para la deuda soberana del país registrara un notable aumento, superando a la de Portugal por primera vez desde la Gran Recesión.
Tras el impasse post electoral, después de que a lo largo de septiembre el presidente nombrara a un nuevo Gobierno, con Michel Barnier como primer ministro ‑antiguo comisario europeo y negociador del Brexit, miembro de la derecha tradicional‑, los intereses de la deuda francesa a diez años comenzaran a disminuir. No obstante, ante la dificultad que va a suponer avanzar con un plan de consolidación fiscal creíble en un parlamento muy fragmentado, continuó la presión al alza sobre la prima de riesgo francesa. De hecho, recientemente, el nuevo Gobierno ha solicitado a la Comisión Europea, en el marco del semestre europeo, un retraso de dos semanas para presentar su Plan Presupuestario para 2025, incluyendo las líneas principales de su próximo presupuesto y sus efectos en términos de déficit y deuda pública. Asimismo, el nuevo ministro de Economía del país ‑Antoine Armand, 33 años- ha afirmado que Francia registra este año uno de los peores déficits públicos de la historia moderna. De este modo, han crecido aún más las dudas sobre la capacidad del país para cumplir con los objetivos fiscales europeos en el plazo establecido y, en general, sobre la sostenibilidad fiscal de Francia.
Por su parte, en términos comparativos con Francia, España se encuentra en una posición fiscal mejor, habiendo cerrado 2023 con una deuda pública y un déficit menores, del 105% y 3,5% del PIB respectivamente. No obstante, España no está exenta de riesgos fiscales ni de futuros aumentos de su prima de riesgo asociados a su situación presupuestaria. De hecho, se sitúa entre los países de la UE con una peor posición fiscal, incumpliendo con las referencias de deuda y déficit públicos contempladas por las reglas fiscales europeas del 60% y 3% del PIB. Asimismo, el Gobierno de España también se enfrenta a un parlamento muy fragmentado que se está traduciendo en una parálisis legislativa. Recientemente ante la falta de apoyos, el Gobierno ha decidido aplazar la tramitación en el Congreso de los objetivos de estabilidad presupuestaria -antesala de la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025-, que ya fueron rechazados en sede parlamentaria en julio. Así, surgen relevantes dudas sobre si el Ejecutivo será capaz de aprobar unas cuentas públicas para el año 2025 o, si por el contrario, se verá forzado a prorrogar de nuevo los PGE de 2023.
La falta de capacidad para consensuar unos presupuestos, que sería en este caso por segundo año consecutivo y en todo lo que va de legislatura, no solo incrementaría la parálisis legislativa, sino que además dificultaría el encaje de las necesarias reformas estructurales y la consecución de la reclamada disciplina fiscal. Y, en línea con lo que está sucediendo en Francia, podría poner también en entredicho la sostenibilidad fiscal española. En todo caso, ambos están siendo penalizados a través de un mayor pago de intereses que otros países, como Portugal, que presentan unas cuentas públicas más saneadas.
GRÁFICO DEL MES Ee. LOS BONOS ESPAÑOLES Y FRANCESES COTIZAN A LA PAR, PENALIZADOS POR ENCIMA DE LOS PORTUGUESES ANTE LA NECESIDAD DE UN BUEN MANEJO PRESUPUESTARIO
Jorge Vindel González. Analista senior.
Raquel Lorenzo Alonso. Analista.
Julio Martín Prieto. Analista en prácticas.
