Tras una larga y profunda crisis sufrida desde finales de 2007, España volvió al crecimiento en el año 2014, iniciando una senda de recuperación que le ha llevado a cerrar 2016 con una tasa de incremento del PIB del 3,2%. Presenta así en los últimos años un crecimiento económico diferencial muy positivo respecto a Europa.
En el citado periodo de crisis tuvimos que acostumbrarnos a recibir casi diariamente noticias de expedientes colectivos que, justificados habitualmente en causas económicas evidentes, con significativas caídas de ventas y cuantiosas pérdidas empresariales en un contexto de grave recesión, nos hacían temer un desmantelamiento de parte de nuestro tejido empresarial y constatar un grave deterioro social por las elevadas tasas de desempleo alcanzadas. Estos procesos, dolorosos pero ineludibles, posibilitaron la viabilidad de muchas empresas y salvaron numerosos puestos de trabajo.
Tras el proceso de profundas reformas fundamentalmente en los ámbitos laboral, financiero y fiscal, la economía española está siendo capaz de revertir la situación. El crecimiento económico de los últimos años ha ido acompañado de una importante creación de empleo. Pese a lo cual, siguen produciéndose reestructuraciones que ocupan las portadas de la prensa económica, algunos de ellos de elevada magnitud, que nos hacen preguntarnos si estos procesos, en el marco de la vigente normativa laboral, continúan siendo necesarios.
La respuesta debe ser afirmativa por diversas razones, entre las que destacan:
- Destacados sectores de la economía española no han finalizado su proceso de redimensionamiento y concentración, por ejemplo el financiero y la construcción.
- Es necesario seguir mejorando la competitividad de nuestras empresas, gracias a la cual, y tras los esfuerzos realizados, hemos mejorado sensiblemente nuestra posición exportadora.
- Los cambios tecnológicos intensos y acelerados que estamos viviendo exigen una respuesta inmediata de las empresas para mantener su posición en el mercado y contar con los perfiles profesionales necesarios con la formación adecuada.
- Nuevos hábitos de consumo, desarrollo del comercio electrónico y crecimiento exponencial de la economía colaborativa.
- Un importante número de operaciones corporativas ponen de manifiesto el creciente interés de los inversores por las empresas españolas y su capacidad para generar sinergias y mejoras de productividad.
Por tanto, una economía en crecimiento cuyas empresas aspiran legítimamente a mejorar su eficiencia y su competitividad, adaptándose a los cambios tecnológicos y del mercado, exige un esfuerzo continúo de transformación que el actual marco laboral permite realizar con las adecuadas garantías para los trabajadores. Así lo pone de manifiesto el elevado porcentaje de procesos finalizados con acuerdo, más del 90% en todos los ejercicios del periodo 2012-2016. Si en la etapa de crisis las causas para la restructuración eran esencialmente económicas, en esta nueva fase de crecimiento las causas responden a diversa tipología, con un mayor peso de las productivas y las organizativas.
El éxito de los procesos, de acuerdo con nuestra larga trayectoria en proyectos e informes para empresas de distintos sectores (financiero, tecnológico, construcción, industrial, medios de comunicación), exige una serie de elementos:
- Planteamiento estratégico adecuado del proceso: perímetro societario, encaje temporal y comunicación interna y externa.
- Asesoramiento altamente especializado con experiencia en la materia, jurídico-laboral y económico.
- Análisis riguroso de las causas concurrentes y justificación documental de las mismas, en los preceptivos Informes Técnicos de expertos independientes y en la Memoria de la empresa.
- Conjunto de propuestas y medidas razonado y adecuado a la tipología y a la magnitud de las causas.
- Negociación franca y constructiva por ambas partes, empresa y trabajadores.
- Consecución de acuerdos que refuercen la viabilidad de la empresa a medio y largo plazo y que minimicen el impacto social.
Cuando se cumplen los requisitos citados, los procesos acaban de forma muy mayoritaria con acuerdos de los que la empresa sale fortalecida, evitando litigios innecesarios y costosos, que generan incertidumbre y deterioran el ambiente laboral.
Y el resultado global para nuestra economía es claramente favorable en los últimos años, empresas más competitivas, incluso muchas de ellas incrementando sus plantillas pese a las reestructuraciones realizadas, y creación neta de empleo en el entorno de los 400.000-500.000 puestos anuales. Una senda positiva que en el mundo actual de cambios disruptivos sólo es sostenible con un esfuerzo permanente de innovación y adaptación al entorno de las propias empresas y de sus trabajadores.
No obstante, nos queda un largo camino por recorrer en el mercado laboral español, especialmente para alcanzar el nivel de ocupados previos a la crisis y en la reincorporación al mercado laboral de determinados colectivos, como los jóvenes y los parados de larga duración.
Este proceso de transformación de nuestras empresas debería completarse con una nueva concepción de las políticas activas de empleo, para que los trabajadores que se ven expulsados del mercado laboral puedan actualizar su formación y reincorporarse cuanto antes a un puesto de trabajo adecuado a su cualificación y experiencia. En este sentido, deberían seguirse las mejores prácticas que ya se están aplicando en otros países de Europa, introduciendo un cambio de modelo tanto en la formación como en la intermediación en el mercado de trabajo, que contribuiría a acelerar la reducción de la tasa de desempleo y se traduciría en una sensible mejora del bienestar social.
Francisco Piedras Camacho
Socio Director, Equipo Económico
